Rectificación y Justicia en Pemex: Los Contratos Leoninos y la Lucha contra la Corrupción
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, ha revelado una serie de malas prácticas y contratos desfavorables heredados de administraciones pasadas, evidenciando un panorama de abuso y corrupción sistemática dentro de la empresa estatal. Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza detalló cómo al inicio de su gestión se encontró con una estructura plagada de contratos leoninos que obligaban a Pemex a realizar pagos injustificados, sin recibir beneficios a cambio.
Una de las anomalías más impactantes mencionadas fue el caso de la pensión vitalicia otorgada a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta pensión, que ascendía a más de 31 millones de pesos y fue pagada durante más de 19 años, fue suspendida recientemente en febrero, luego de descubrirse que el deceso de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no fue un accidente como se reportó inicialmente, sino un suicidio. Este descubrimiento invalida los términos bajo los cuales se había otorgado la pensión, de acuerdo con las normas internas de Pemex.
El director general de Pemex también informó sobre la compra irregular de la planta de Agronitrogenados en 2013 y los contratos con la firma española Repsol, diseñados en las propias oficinas de esta empresa, que dejaban a Pemex en una posición vulnerable y desventajosa. Estos contratos daban a Repsol amplias libertades, poniendo en riesgo los intereses nacionales.
Pemex ha iniciado acciones legales para recuperar los montos pagados indebidamente y ha logrado importantes avances, como la recuperación de 104 millones de dólares del total acordado con Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México, por la cuestionada compra de Agronitrogenados. Además, se han eliminado numerosos intermediarios y “coyotes de cuello blanco”, cerrando así múltiples canales de corrupción.
Estos esfuerzos representan un compromiso firme del gobierno actual por limpiar las estructuras de poder y financiamiento en una de las empresas más importantes del país, asegurando una gestión más transparente y eficiente. La determinación para corregir estas prácticas es clara, buscando no solo justicia, sino también prevenir futuras malversaciones que afecten la soberanía y el desarrollo económico de México.
En un país donde la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad gubernamental, las acciones de Romero Oropeza son un reflejo del esfuerzo continuo por restaurar la integridad y la responsabilidad en la administración pública y sus entidades.