Fortalecimiento de la Justicia: SCJN Avala Incremento de Sanciones contra Extorsiones Telefónicas

Ciudad de México — En una decisión que refuerza la lucha contra la delincuencia y protege a los ciudadanos de prácticas intimidatorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado este miércoles el incremento de sanciones para los delitos de extorsión agravada realizados a través de llamadas telefónicas en la capital del país.

El fallo emanó de la propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y se llevó a cabo en la primera sala de la corte, donde, de forma unánime, se rechazó el amparo solicitado por un individuo condenado bajo este ilícito. El implicado había argumentado la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, específicamente en la sección que estipula un incremento de la pena en una mitad cuando la extorsión se efectúa utilizando el teléfono como medio.

Los ministros de la SCJN destacaron que el tipo penal agravado condena expresamente las comunicaciones extorsivas que aprovechan los medios de comunicación modernos para ocultar la identidad del delincuente, proporcionándole una ventaja considerable sobre la víctima. Esta disposición legal, agregaron, se dirige a castigar no solo el acto de extorsión en sí, sino también la metodología encubierta y cobarde utilizada para intimidar y manipular a las víctimas.

Durante la sesión, se explicó que el agresor, al emplear el anonimato que ofrecen estos medios, puede controlar completamente la situación, eligiendo cuándo y cómo comunicarse, emitir órdenes y amenazas sin tener que revelar su identidad, con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial injusto.

Por su parte, las víctimas, a menudo aterrorizadas y desprotegidas, se ven forzadas a cooperar con las demandas del extorsionador para evitar las graves consecuencias de las amenazas recibidas. Este tipo de delitos, según los ministros, coloca a las personas en una posición de extrema vulnerabilidad.

Esta aprobación del incremento de las penas, inicialmente introducido en el año 2007, refleja el compromiso continuo de las autoridades judiciales de la nación para adaptar y fortalecer el marco legal en respuesta a las tácticas cambiantes y cada vez más sofisticadas de los criminales. Con este fallo, la SCJN envía un mensaje claro: el uso de tecnologías para perpetrar delitos no será tolerado y enfrentará consecuencias severas, reafirmando el derecho de todos los ciudadanos a vivir libres de intimidación y miedo.