Viviendas abandonadas y corrupción marcaron la gestión de Infonavit en gobiernos panistas
Durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) priorizó la entrega masiva de créditos sin importar la calidad de las viviendas ni la viabilidad de los desarrollos habitacionales. Este modelo resultó en la construcción de casas en zonas sin servicios básicos como agua potable, electricidad o drenaje, e incluso en terrenos previamente ocupados por lagunas, lo que derivó en un problema de viviendas abandonadas y severas afectaciones a los derechohabientes.
Viviendas abandonadas: una crisis de origen
El exdirector del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, denunció en 2020 que había al menos 650 mil viviendas en estado de abandono, muchas adquiridas con créditos del instituto durante la década de 2000 a 2010. Ejemplos emblemáticos de esta problemática incluyen desarrollos como El Barrial, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las casas fueron construidas en terrenos inadecuados.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en 2022, el 33% de estas viviendas abandonadas se concentraron en 10 municipios de estados como Chihuahua, Baja California, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León.
Irregularidades en la venta de cartera vencida
Otro punto crítico de la gestión del Infonavit en estos años fue la venta de créditos en cartera vencida a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, a precios notablemente bajos. En 2009, este diario reveló que alrededor de 110 mil créditos vencidos fueron vendidos a las empresas estadounidenses Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (Scrap 2). Los créditos fueron adquiridos por Scrap 2 a un precio promedio de 48 mil 189 pesos por vivienda, lo que representó un desfalco para el patrimonio de los trabajadores.
La operación fue avalada por figuras clave como David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, entonces subdirector general de planeación y finanzas del Infonavit, quien fue nombrado para ese puesto en 2002 por el director general Víctor Manuel Borrás Setién. Ambos compartían un vínculo laboral previo en BBVA-Bancomer.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar denunció que otro paquete de viviendas fue vendido a Campark, una empresa vinculada a Construcciones Prácticas, propiedad de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.
Salarios millonarios y beneficios cuestionables
Víctor Manuel Borrás Setién, quien dirigió el Infonavit durante 12 años, percibió salarios catorcenales que en algunos casos alcanzaron los 500 mil pesos, además de recibir un finiquito de 3.39 millones de pesos al término de su gestión en 2012 y una bonificación por retiro de 8 millones de pesos. Estos ingresos fueron cuestionados, especialmente considerando las irregularidades y el impacto negativo de su administración en miles de trabajadores.
Un legado de desigualdad
El modelo de vivienda impulsado por los gobiernos panistas no solo dejó una herencia de viviendas abandonadas, sino también una profunda afectación al patrimonio de los trabajadores mexicanos. Mientras el Infonavit buscaba cifras récord en créditos, los beneficiarios enfrentaron casas en condiciones deplorables y un sistema que privilegiaba intereses privados sobre el bienestar social.
Este caso sigue siendo un ejemplo de cómo las políticas públicas mal diseñadas, combinadas con actos de corrupción, pueden tener consecuencias devastadoras para la población y las finanzas públicas.