Violencia y Represión: Buscadoras de Desaparecidos Denuncian ‘Halconazo’ Gubernamental en Querétaro
Un acto de violencia y represión se desató en la noche del lunes cuando un grupo de buscadoras de personas desaparecidas fue atacado por individuos armados con palos, en conjunto con presuntos policías ministeriales. Las afectadas han catalogado este suceso como un “halconazo”, comparándolo con episodios históricos de represión en México, como los acontecidos en 1968 y durante la guerra sucia.
Las buscadoras, dedicadas a la incansable tarea de hallar a personas desaparecidas, denunciaron que el responsable de este violento episodio fue el titular de la Fiscalía de Justicia de Querétaro (FJQ), Alejandro Echeverría. Según testimonios de las activistas, Echeverría habría ordenado a los agentes llevar a cabo la eliminación forzosa del campamento que ellas habían instalado a las afueras de la institución. Es importante mencionar que en este campamento se encontraban niños y personas de la tercera edad.
“Nos trataron como a aquellos que desaparecieron a nuestros propios familiares”, declaró con indignación una de las activistas, subrayando el uso de la violencia excesiva en su contra. Además de la agresión física, las buscadoras han acusado al titular de la FJQ de mantener oculta información relevante, ya que no les ha permitido el acceso a los expedientes de personas no identificadas cuyos cuerpos reposan en las morgues de los Servicios Médicos Forenses (Semefo). Tampoco se les ha concedido la posibilidad de ingresar a cárceles o centros de rehabilitación en busca de respuestas.
Ante esta alarmante situación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desalojo violento al que las buscadoras fueron sometidas. En un comunicado, la ONU-DH instó al diálogo entre todas las partes involucradas y resaltó que los Principios Rectores para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas subrayan la importancia de respetar el derecho a la participación.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas también alzó su voz de indignación y repudio ante la agresión sufrida por las buscadoras. Enérgicamente, este organismo demandó una investigación exhaustiva para que los responsables sean llevados ante la justicia y para que estos actos de violencia no queden impunes.
El Consejo Nacional Ciudadano hizo énfasis en que la respuesta de la FJQ fue desproporcionada, involucrando a más de 100 funcionarios que actuaron sin identificación alguna, agrediendo tanto física como verbalmente a las familias de los desaparecidos y a quienes las acompañaban en su lucha. La organización responsabilizó directamente al gobernador panista Mauricio Kuri González, así como al titular de la FJQ, Alejandro Echeverría, instándolos a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la integridad de las personas desaparecidas. Además, se exigió la creación de mesas de trabajo para atender las demandas de las buscadoras y proporcionar información transparente sobre el avance de las investigaciones.
El CNC también recalcó la necesidad de otorgar acceso a las instalaciones gubernamentales que las buscadoras requieren para realizar sus actividades de búsqueda. Según el Protocolo Homologado de Búsqueda, los registros de personas fallecidas deben ser de dominio público y estar disponibles para consulta por parte de los familiares. Es inaceptable que las personas que dedican sus esfuerzos a encontrar a sus seres queridos sean víctimas de la violencia institucional, destacó el Consejo.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro anunció que ha iniciado una investigación en relación a este incidente, aunque no especificó si fue a raíz de una queja formal. Por su parte, Yadira González, representante en Querétaro del colectivo Búsqueda en Vida de Nuestros Desaparecidos, denunció que el fiscal Echeverría ha obstaculizado sistemáticamente su acceso a los expedientes de cadáveres no identificados. Esto ha dificultado la verificación de si alguno de estos cuerpos corresponde a sus familiares desaparecidos.
González subrayó que su intención no es tomar fotografías de los expedientes o los cadáveres, sino simplemente revisar y comparar información dentro del marco legal. Resaltó casos en los que la negligencia de las fiscalías resulta en la disposición de cuerpos en fosas comunes, lo que insinúa la ocultación de información crucial.
En un intento por justificar su accionar, la Fiscalía de Querétaro emitió un comunicado en el que alegó que la represión tuvo lugar debido a que las buscadoras bloquearon el acceso a la institución, impidiendo la salida de una camioneta del Semefo que transportaba un cuerpo desde hacía más de ocho horas.
La situación continúa siendo tensa en Querétaro mientras el escrutinio público y la condena internacional crecen. Los ojos del mundo observan cómo se desenvuelve esta crisis, exigiendo respuestas claras y contundentes para garantizar la seguridad de las buscadoras y el respeto a sus derechos fundamentales. Las autoridades deben actuar de manera transparente y responsable, respondiendo a las demandas de justicia y verdad que estas valientes mujeres representan.