Violencia en Chiapas: Organizaciones exigen acción urgente del Gobierno
Más de cien organizaciones defensoras de derechos humanos se unieron para expresar su indignación ante la creciente violencia en gran parte de Chiapas, México. Atribuyen esta situación a la complicidad y la falta de acción de las autoridades gubernamentales a todos los niveles con respecto a grupos de la delincuencia organizada que luchan por el control del territorio.
Las organizaciones, que incluyen a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Serapaz, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ALDEA, exigieron al gobierno mexicano brindar una atención integral a la población afectada, incluyendo a los desplazados, y garantizar su seguridad. También instaron a llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los responsables de la violencia y garantizar la justicia.
En su declaración, subrayaron que la militarización prolongada no debe considerarse como una respuesta duradera para lograr una verdadera paz estructural. Además, pidieron protección para periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del territorio y la ciudadanía en general en Chiapas, especialmente en las regiones Frontera y Sierra.
El comunicado dirigido al gobierno federal, estatal y municipal, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su contraparte estatal, resalta un incremento en diversas formas de violencia en la región, que incluyen asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la situación en Chiapas, caracterizada por un fuerte control social basado en el terror y la violencia armada, con grupos criminales tomando a la población civil como rehén y forzándola a participar en movilizaciones y enfrentamientos.
La falta de suministros básicos y el temor a represalias de los grupos criminales mantienen a la población en un estado de angustia y zozobra, lo que tiene un impacto psicosocial significativo. Las organizaciones enfatizaron que el Estado tiene la responsabilidad urgente de proteger a la población vulnerable en la región y abordar las violaciones graves de los derechos humanos. También lamentaron la minimización de la violencia por parte del discurso oficial y la respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población.