Veracruz aprueba reforma para reconocimiento de identidad de género autopercibida
Xalapa, Ver. El Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma al Código Civil que permitirá a las personas modificar su acta de nacimiento para que esta refleje su identidad de género autopercibida. La medida, conocida como ley trans o ley de identidad de género, entrará en vigor a partir de abril y fue respaldada con 38 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Con esta reforma, las personas trans ya no requerirán iniciar un proceso judicial ni presentar certificaciones médicas para solicitar el cambio de nombre y género en su documentación oficial. El trámite podrá realizarse directamente en el Registro Civil del estado como un procedimiento administrativo.
Según lo establecido en la Gaceta Legislativa, el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida tendrá validez ante terceros y no afectará los derechos ni obligaciones previamente adquiridos por la persona antes de realizar el trámite. La expedición de una nueva acta de nacimiento se llevará a cabo sin que ello implique la cancelación de la anterior.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro, ambas del grupo parlamentario de Morena. En su intervención, Sánchez Moguel subrayó la importancia de la reforma al señalar que las personas trans enfrentan altos niveles de discriminación, incluso dentro de espacios legislativos.
Durante el debate, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano, llamó a seguir avanzando en la agenda legislativa en favor de los derechos de las personas trans. Propuso que se consideren futuras reformas que aborden su acceso a servicios de salud, seguridad social y educación.
Como parte simbólica de la sesión, se realizó un pase de lista con los nombres de mujeres trans asesinadas en México, en señal de reconocimiento y memoria, y para visibilizar los riesgos que enfrenta esta población.
La aprobación de esta reforma sitúa a Veracruz entre las entidades del país que han adoptado mecanismos administrativos para el reconocimiento legal de la identidad de género, una medida considerada por organismos de derechos humanos como una herramienta clave para combatir la discriminación y garantizar el acceso pleno a los derechos civiles y sociales.