Urge programa de remediación por derrames de Pemex en el Golfo: llamado a proteger comunidades y ecosistemas

Ciudad de México.– Ante el preocupante aumento en los derrames de hidrocarburos por parte de la industria petrolera en las costas del Golfo de México, organizaciones ambientales han hecho un urgente llamado al gobierno federal para implementar un programa de remediación integral que atienda los severos daños a las comunidades y ecosistemas afectados. Esta demanda cobra especial relevancia tras el reciente derrame de 300 barriles de crudo ocurrido a finales de abril en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Juan Manuel Orozco, integrante de la organización Conexiones Climáticas, enfatizó en entrevista con La Jornada la necesidad de crear una estrategia gubernamental seria y eficaz, sustentada en estudios independientes que evalúen los niveles de contaminación en suelos y mares, así como los impactos a la salud, economía y medio ambiente. Subrayó que esta problemática, lejos de ser eventual, se ha convertido en una constante que amenaza con dejar daños irreversibles si no se toman acciones inmediatas.

El activista ambiental citó cifras oficiales recabadas por la organización Causa Natura, que documentan un total de 270 derrames y fugas de hidrocarburos de escala moderada a grave provocados por Petróleos Mexicanos (Pemex) entre diciembre de 2018 y julio de 2024. De estos, 70 incidentes ocurrieron en Tabasco y 62 en Veracruz, lo que representa el 50.7% del total nacional. Esta concentración, señaló Orozco, refleja una alarmante falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras.

Respecto al manejo de estos derrames, Orozco denunció que los procesos oficiales de saneamiento implican el uso de sustancias que sedimentan el crudo, empujando residuos tóxicos —incluyendo metales pesados— hacia el suelo marino. Esta técnica genera bioacumulación en aves, peces, crustáceos y ostiones, especies esenciales para el sustento y comercio local en las zonas costeras, lo que agrava el impacto socioeconómico de estos siniestros.

El ambientalista también manifestó su preocupación por la capacidad operativa de Pemex para enfrentar esta crisis ambiental, dado que la empresa estatal ya ha consumido más del 50% de su presupuesto asignado para el año 2025 en tan solo los primeros tres meses. A esto se suma su dificultad para cubrir adeudos con proveedores, lo que pone en duda su capacidad para garantizar operaciones seguras y sostenibles en regiones con infraestructura petrolera.

En el caso específico del derrame ocurrido en el ducto que conecta la plataforma Akal-C con la Terminal Marítima de Dos Bocas, Orozco criticó la falta de transparencia y responsabilidad tanto de Pemex como de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Denunció que ambas instituciones informaron del siniestro varios días después de su ocurrencia, impidiendo una reacción oportuna de pobladores, pescadores y organizaciones ambientales, especialmente en el municipio de Paraíso.

Este llamado desde la sociedad civil debe traducirse en acción institucional inmediata. La protección de los ecosistemas del Golfo y de las comunidades que viven del mar no puede postergarse más. El Gobierno de México tiene ante sí la oportunidad de demostrar su compromiso ambiental y social, poniendo en marcha un programa de remediación real, participativo y con enfoque preventivo.