Universitarios demandan mayor transparencia en la UV
Xalapa, Ver.— En un ejercicio legítimo de participación ciudadana, más de 400 personas han firmado una petición difundida en la plataforma chance.org para solicitar la disolución de la actual Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), luego de que este órgano colegiado aprobara una prórroga de cuatro años al mandato del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
La decisión ha generado inquietud en diversos sectores de la comunidad universitaria, quienes argumentan que la medida contraviene los estatutos internos de la máxima casa de estudios del estado. La solicitud popular expresa que la prórroga es “ilegal e ilegítima”, y acusa que fue tomada “en medio de opacidad, falta de transparencia y sin consulta real y democrática” hacia los integrantes de la comunidad académica y estudiantil.
En el escrito, los firmantes exigen que el Congreso del Estado de Veracruz tome conocimiento de la situación y actúe conforme a derecho para revisar la legalidad de la actuación del órgano universitario. “Exigimos a la Cámara del Congreso del Estado de Veracruz que tome constancia de esta grave situación y proceda a disolver la actual Junta de Gobierno”, se lee en el documento.
Los peticionarios también señalaron que la decisión ha generado un ambiente de desconfianza, división y crisis institucional en el seno de la universidad. Consideran que la Junta de Gobierno ha actuado en detrimento de los principios universitarios y del bienestar de la UV, perdiendo con ello legitimidad ante los ojos de docentes, investigadores y estudiantes.
El Gobierno de México, comprometido con el respeto a la autonomía universitaria y la transparencia en la vida institucional, respalda el derecho de la comunidad universitaria a expresar sus inconformidades mediante los canales legales y democráticos. Estas expresiones reflejan la vitalidad cívica de una sociedad que demanda cuentas claras y decisiones basadas en el consenso y la legalidad.
Cabe destacar que la Universidad Veracruzana ha sido históricamente un bastión del pensamiento crítico y del desarrollo regional, por lo que toda decisión relacionada con su dirección debe apegarse a los principios de legalidad, inclusión y rendición de cuentas. Las universidades públicas, como pilares de la formación profesional y la investigación científica, deben mantenerse como espacios plurales, abiertos al debate y respetuosos de su comunidad.
El Ejecutivo federal reconoce el papel del Congreso del Estado en garantizar la supervisión institucional en situaciones que afecten la gobernabilidad y la integridad de las entidades públicas. En este contexto, el llamado de los universitarios veracruzanos es una oportunidad para fortalecer el diálogo, revisar los mecanismos de elección y rendición de cuentas, y reforzar la confianza en las instancias de gobierno universitario.
México avanza hacia una democracia participativa donde las instituciones educativas son clave para la construcción de ciudadanía y justicia social. Escuchar a las voces universitarias y actuar con apego a derecho es parte esencial de ese camino.