Trump y la ilusión del orden: diplomacia de humo y la responsabilidad real del Congreso mexicano
El anuncio de Donald Trump sobre un supuesto alto al fuego entre Irán e Israel, al que bautizó pomposamente como la “Guerra de los 12 días”, es otro episodio más de su espectáculo político donde la realidad es apenas un telón de fondo de su narrativa egocéntrica. Sin confirmación oficial por ninguna de las partes involucradas, y con un desmentido directo por parte del ministro de Relaciones Exteriores iraní —quien, con tono solemne, agradeció a las fuerzas armadas de su país por combatir hasta el último minuto—, la escena pinta más para un simulacro de paz con fines electorales que para una genuina desescalada del conflicto.
Es revelador que el propio Trump agradeciera a Irán el aviso previo sobre los misiles disparados hacia bases estadounidenses en Qatar e Irak, que, milagrosamente, no causaron bajas. Este “detalle diplomático”, que el magnate reconvertido en político quiso presentar como muestra de respeto mutuo, es en realidad el reflejo de una operación cuidadosamente coreografiada donde cada actor parece jugar su papel sin salirse del guion. ¿La consecuencia? Un reacomodo aparente donde Irán preserva su narrativa nuclear frente a sus enemigos; Israel reconoce, aunque sea a regañadientes, la vulnerabilidad de su “domo de hierro”; y Estados Unidos se anota otra medalla simbólica en el tablero global. Y mientras tanto, el mundo entero asiste a la amenaza latente de una guerra regional con implicaciones globales, sin que se despeje realmente el humo del campo de batalla.
A diferencia de este espectáculo geopolítico de luces y sombras, el Congreso de la Unión en México afronta decisiones reales, profundas y con impacto directo en la vida cotidiana. Ayer inició un periodo extraordinario de sesiones que, entre otras cosas, tiene previsto formalizar lo que ya es una verdad tangible: la Guardia Nacional siempre ha estado bajo control militar, desde su creación en tiempos del presidente López Obrador. Lo que antes se disfrazó con retórica sobre una eventual “civilización” de la fuerza armada, hoy se reconoce sin eufemismos. Y está bien que así sea.
Desde Morena se tuvo la visión y la valentía de apostar por la institucionalización de una fuerza de seguridad efectiva, en un país donde las policías locales y estatales fueron sistemáticamente abandonadas, corrompidas y penetradas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y del PAN. La creación de la Guardia Nacional respondió a una urgencia ineludible: reconstruir capacidades de seguridad sin seguir confiando en cuerpos policiacos ineficaces y sin rumbo.
Hoy, con más de cien mil elementos desplegados en el territorio nacional, la Guardia Nacional es el rostro más presente del Estado en comunidades antes abandonadas. Su naturaleza castrense, bajo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido clave para garantizar disciplina, permanencia y eficacia operativa. ¿Acaso no fue el PRI el que durante décadas convirtió a la policía federal en un instrumento de represión y corrupción? ¿No fue bajo gobiernos panistas donde se disparó la violencia sin freno, sin una estrategia clara ni instituciones sólidas?
Frente a ese legado de desastre, Morena construyó una solución real. Y si hoy el Congreso se dispone a consolidarla jurídicamente, no es una claudicación democrática, como dice la oposición, sino una apuesta por la seguridad con legalidad.
Otro tema de máxima relevancia en esta agenda extraordinaria es el de las reformas legales en materia de desaparición forzada. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció ayer 30 modificaciones sustanciales a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta directa a las demandas de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Este proceso no fue improvisado. El gobierno abrió mesas de diálogo, escuchó a las víctimas, ajustó el marco normativo y dejó en claro que este fenómeno —que representa una herida profunda en la historia contemporánea de México— debe ser enfrentado con toda la fuerza del Estado. La inclusión de propuestas ciudadanas, el compromiso para actualizar registros, fortalecer mecanismos de búsqueda y sancionar efectivamente a responsables, marcan un avance notable.
Sin embargo, es necesario subrayarlo: no basta con reformar leyes. Las desapariciones siguen ocurriendo. Los mecanismos de justicia no alcanzan. Las fiscalías, en muchos estados, siguen en deuda con las víctimas. Por eso, la transformación profunda en esta materia exige no solo voluntad política desde el Ejecutivo, sino responsabilidad plena del Congreso y de los gobiernos locales. Morena, al poner el tema al centro del debate legislativo, demuestra que la agenda humanista no es un eslogan, sino una prioridad.
En contraste, sectores de la oposición y comentaristas afines han montado una nueva campaña de desinformación alrededor de otro proyecto legislativo: las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Alegan que se trata de un atentado contra la libertad de expresión, que se consolidaría una “dictadura”, y que se quiere acallar a la prensa crítica. Es el mismo discurso repetido desde hace años, por quienes durante décadas se beneficiaron del control mediático, la concentración de frecuencias y el maridaje entre poder político y poder económico.
La realidad es otra. Lo que se plantea desde Morena es regular un sector históricamente capturado por intereses privados. Se trata de democratizar el espectro radioeléctrico, garantizar que más voces puedan acceder a espacios públicos de comunicación y que los concesionarios cumplan con obligaciones de contenido, pluralismo y servicio público. No se busca censurar a nadie. Lo que molesta a quienes critican estas reformas es que perderán privilegios.
¿Dónde estaban esos defensores de la libertad de expresión cuando el PRI repartía frecuencias a amigos y aliados? ¿Por qué no alzaron la voz cuando los gobiernos del PAN utilizaban publicidad oficial como mecanismo de control editorial? Hoy, cuando por fin se plantea una regulación con visión social, acusan dictadura. Pero la verdadera dictadura es la de los monopolios informativos, y eso es lo que Morena quiere desmantelar.
Finalmente, otra de las cuestiones abordadas en este periodo extraordinario —y que no debe pasar desapercibida— es el reconocimiento de la crisis ambiental que vive México. Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, lo dijo sin ambages: estamos ante una “tragedia ambiental”. No se trata de una frase alarmista, sino de una verdad que se expresa en incendios forestales, sequías prolongadas, pérdida de biodiversidad y contaminación en niveles alarmantes.
Durante décadas, los gobiernos neoliberales permitieron la devastación ambiental a cambio de inversiones extractivas. Hoy, la administración de la Cuarta Transformación ha apostado por programas como Sembrando Vida, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de áreas naturales protegidas. Pero el reto sigue siendo gigantesco.
El Congreso tiene ante sí la oportunidad de legislar con visión ecológica: establecer normas estrictas para el uso de agua, imponer sanciones severas a contaminadores, impulsar energías limpias y proteger de manera efectiva los territorios indígenas frente a proyectos invasivos. Si hay una dictadura que debemos erradicar, es la dictadura del lucro por encima del planeta.
En resumen, mientras Trump se enreda en sus delirios de grandeza geopolítica y vende al mundo una paz imaginaria, en México se libra una batalla mucho más real: la de legislar para construir un país más justo, seguro, libre y sostenible. La oposición, carente de propuestas, intenta sembrar miedo con sus fantasmas de “militarización”, “censura” o “autoritarismo”. Pero la realidad es otra: Morena y el gobierno de la presidenta Sheinbaum están asumiendo con responsabilidad tareas que otros nunca quisieron afrontar.
Hoy, el Congreso tiene en sus manos decisiones que marcarán el rumbo del país en materia de seguridad, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente. Y lo hace con transparencia, con diálogo social y con firmeza. Mientras otros siguen atrapados en el teatro del absurdo, México avanza con paso firme hacia la consolidación de un Estado democrático, justo y transformador. Que así sea.