Trato Preferencial en el Poder Judicial: El Caso de Murillo Karam
En un reciente y revelador discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció lo que califica como un trato preferencial dentro del sistema judicial mexicano, ilustrando su punto con el caso del ex procurador Jesús Murillo Karam. Este último, implicado en el proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha sido beneficiado con prisión domiciliaria, un privilegio que, según el mandatario, no se extiende a la mayoría de los presos en México.
Durante su conferencia matutina, López Obrador no solo destacó la rapidez y expedita justicia de la que gozó Murillo Karam, sino que también planteó interrogantes sobre la equidad y la influencia en el Poder Judicial. “¿Es influyentismo? Sí, en el Poder Judicial”, afirmó con firmeza ante los medios de comunicación, subrayando una discrepancia notable entre el tratamiento de algunos individuos frente a miles de detenidos que languidecen en prisión sin sentencia.
La decisión de otorgar la libertad domiciliaria al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y el acceso a la justicia en México. “Quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene entradas en el Poder Judicial”, declaró López Obrador, aludiendo a la desigualdad y el favoritismo que prevalecen en el sistema.
El presidente no pasó por alto la condición de salud de Murillo Karam, mencionando su urgente traslado a cardiología en 2022 y la operación a la que fue sometido debido a un derrame. Este detalle refuerza la percepción de una atención diferenciada y, posiblemente, una compasión no extendida a todos los encarcelados en circunstancias similares.
Con miras a una transformación profunda, López Obrador reiteró la necesidad de una reforma que permita a la ciudadanía elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, buscando erradicar la influencia de intereses particulares y asegurar una representación justa y equitativa. Esta propuesta surge en un momento en que se prevé la presentación de información sobre intentos por declarar inconstitucionales leyes favorecedoras de la colectividad, pero que son percibidas como amenazas por ciertos sectores privilegiados.
El caso de Murillo Karam no solo resalta las incongruencias y desigualdades en el trato judicial sino que también pone de manifiesto una lucha más amplia contra un sistema que, en palabras del presidente, parece servir más a los intereses de una oligarquía que a la justicia para el pueblo. Con esta denuncia, el gobierno de López Obrador no solo busca justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sino también una reforma judicial que refleje verdaderamente los valores de equidad y justicia para todos los mexicanos.