Transportistas en Pie de Guerra: Autodefensas Contra la Extorsión en el Edomex”
En un contundente acto de protesta, dirigentes de rutas de transporte público del valle de México se congregaron frente a la agencia del Ministerio Público de un municipio en el Estado de México para exigir a las autoridades que detengan a los extorsionadores que han estado causando estragos en su gremio. El martes pasado, uno de los vehículos de transporte público fue quemado por integrantes del crimen organizado, lo que encendió la indignación de los transportistas que afirman haber sido víctimas de al menos 2 mil robos o daños a sus vehículos en lo que va del año.
Bajo el nombre de “autodefensas del transporte”, los líderes de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) anunciaron que, a partir del próximo lunes, iniciarán operaciones para protegerse a sí mismos y a sus unidades. Como medida de presión, ese mismo día dejarán de prestar el servicio, llevando a cabo una paralización en su actividad. “Hay más de 600 denuncias vigentes por el delito de extorsión, y no han dado respuesta las autoridades”, reprocharon durante una conferencia de prensa.
El ultimátum fue claro: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tiene hasta el lunes para arrestar a los extorsionadores responsables del incendio de una camioneta de pasajeros de la ruta 44 en la base de Villa de las Flores. Los transportistas afirman que los agresores se identificaron como colombianos, aumentando la preocupación sobre la presencia de grupos delictivos internacionales en la región.
Jafet Sainz, dirigente nacional de la ACME, expresó el hartazgo y la determinación del gremio de poner fin a la violencia y la extorsión: “No queremos que nos estén asaltando más, ya nos cansamos, y si el gobierno no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a estar parando y haciendo operativos; pedimos a la ciudadanía una disculpa. Si ven camionetas que digan ‘autodefensas de transporte’, somos nosotros. No son los malos, somos nosotros, y vamos a revisar todas las camionetas, y ay de aquel que agarremos, porque así como nos queman una camioneta, yo no lo voy a decir por mis compañeros, pues ¿qué vamos a hacer? Una por una: nos queman, quemamos a uno, porque estamos hartos, estamos cansados”.
El dirigente destacó que en lo que va de 2023, más de 2 mil operadores de unidades de transporte integrantes de la ACME han sido víctimas de extorsión, agresiones y sus vehículos han sido dañados o quemados, especialmente en los municipios de Ecatepec, Huehuetoca, Coacalco, Zumpango y Naucalpan. Además, alrededor de 5 mil choferes han sufrido agresiones por parte del crimen organizado.
La situación ha llevado al sector del transporte a un punto de quiebre, afectando severamente el patrimonio y la seguridad de los choferes. “Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que haya resultados, porque el sector del transporte ha sido extremadamente golpeado por la delincuencia organizada y ha acabado con el patrimonio de los choferes”, reiteró Sainz.
Aldo Soto, presidente del grupo Servicios Colectivos Melchor Múzquiz, respaldó la exigencia de los transportistas y solicitó a la FGJEM que actúe con celeridad y garantice la seguridad de las personas que han denunciado las extorsiones.
Los transportistas dejaron en claro que estos delitos también afectan a otros gremios como camioneros recolectores de basura, piperos, gaseros, taxistas y choferes de transporte escolar. Antonio Pérez, dirigente de transportistas escolares, compartió una impactante experiencia: “En los últimos ocho meses han robado cinco camionetas a nuestro gremio, una de ellas con niños y una madre a bordo. Los amenazaron, les quitaron sus pertenencias, tenis, celulares, libros, unos aretes, y los fueron a tirar a unos ejidos por el municipio de Melchor Ocampo”.
La creciente inseguridad y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades han llevado a los transportistas a tomar medidas drásticas para protegerse a sí mismos y a sus usuarios. La creación de autodefensas del transporte es una decisión sin precedentes que refleja la impotencia y desesperación que viven miles de personas que dependen de este servicio esencial para sus desplazamientos diarios.
Ante este panorama, queda en manos de las autoridades atender las demandas legítimas de los transportistas, garantizar la seguridad en las rutas y erradicar la extorsión y la violencia que amenazan la integridad de todos los involucrados en esta industria. Es fundamental que se establezcan estrategias efectivas de seguridad y se fortalezcan las investigaciones para desmantelar las redes criminales que operan en la zona. El gobierno federal y estatal deben trabajar en conjunto para brindar tranquilidad y protección a quienes prestan un servicio vital para la movilidad de millones de personas en el Estado de México.