Tragedia química en Veracruz: 32 años de impunidad y olvido

Córdoba, Veracruz – Han pasado 32 años desde el fatídico incendio y explosión de la productora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz, S.A. (Anaversa), un suceso que desencadenó una tragedia química ambiental que aún persigue a la población afectada. En aquel 3 de mayo de 1991, 38 mil litros de sustancias tóxicas, compuestos peligrosos y prohibidos en otros países pero permitidos en México, ardieron en la planta, dejando en su estela a 50 mil personas afectadas. Desde entonces, la atención hacia las víctimas ha sido escasa, los mantos freáticos permanecen contaminados y no se ha llevado a cabo ninguna remediación en el lugar.

Rosalinda Huerta, presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados de Anaversa, señala que a lo largo de estas tres décadas se ha evidenciado una cadena de omisiones por parte del Estado, cuyo objetivo ha sido proteger los intereses del gran capital que se oculta tras el manejo de agrotóxicos en el país. Con firmeza, Huerta exige a las autoridades que se disponga una remediación ambiental inmediata para romper con esta cadena de omisión y complicidad que ha perdurado durante los gobiernos neoliberales. “Si este gobierno actual no atiende nuestro reclamo, ningún otro lo hará”, advierte con determinación.

A pesar del paso de los años, la vida continúa alrededor del predio de la fábrica. Se han construido viviendas y las escuelas funcionan, pero lamentablemente muchos de los antiguos habitantes han fallecido. Según Huerta, este caso es un ejemplo claro de complicidades. El predio de la fábrica permanece abandonado y su estatus jurídico sigue sin definirse de manera clara. Hace apenas un mes, se pudo observar cómo se movieron escombros y tierras en el área, sin que las autoridades competentes dieran explicaciones al respecto.

En la planta de Anaversa se producían plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el malatión, paratión metílico, paraquat y pentaclorofenol, estos dos últimos prohibidos en otros países debido a su peligrosidad. La activista resalta que el sitio donde operó la planta durante 30 años fue abandonado de manera irresponsable y criminal. A pesar del tiempo transcurrido, la polución aún persiste debido a la presencia de dioxinas en el subsuelo, las cuales son subproductos de procesos industriales y tienen una alta toxicidad, pudiendo ocasionar diversos tipos de cáncer. Las dioxinas y furanos son contaminantes orgánicos persistentes que no pueden degradarse y se generan en actividades como la elaboración de herbicidas y plaguicidas, así como en la incineración de desechos sólidos y hospitalarios, según la Organización Mundial de la Salud.

Rosalinda Huerta enfatiza que lo más grave de todo este desastre es que nunca se ha llevado a cabo una remediación adecuada. A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, en la cual responsabilizaba al entonces gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, y al secretario de Salud, Jesús Kumate, no se ha tomado ninguna medida efectiva para remediar la situación.

En un evento conmemorativo realizado el pasado 3 de mayo en Córdoba, Ramón Rocha, investigador de salud, recordó las declaraciones del gobierno de aquel entonces, que negó la existencia de muertes y calificó los hechos como producto de la imaginación. Sin embargo, Rocha sostiene que se estima que alrededor de 2 mil personas fallecieron como consecuencia directa de esta tragedia, muertes que podrían haberse evitado si las circunstancias políticas hubieran sido distintas.

El investigador también reveló datos oficiales alarmantes. Un año después del desastre, se registró un aumento del 22% en los casos de tumores malignos entre la población afectada, así como un crecimiento del 80% en los casos de insuficiencia renal crónica. Además, en 1994 se reportó un incremento del 76% en las anomalías congénitas y del 300% en los trastornos del embarazo, evidenciando las graves secuelas que dejó este desastre ambiental.

La falta de acciones concretas por parte de las autoridades para remediar la contaminación y atender las necesidades de las víctimas ha dejado un profundo sentimiento de impunidad y olvido. Las afectaciones causadas por el incendio y la explosión de Anaversa perduran hasta el día de hoy, sin que exista una respuesta efectiva por parte del gobierno.

Ante esta situación, la presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados de Anaversa insta a las autoridades a asumir su responsabilidad y tomar medidas inmediatas para llevar a cabo la remediación ambiental necesaria. Es imperativo romper con la cadena de omisiones y complicidades que han caracterizado la gestión de este caso a lo largo de los años.

La tragedia de Anaversa es un recordatorio de la importancia de proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población en el manejo de sustancias tóxicas. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades y se tomen medidas adecuadas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

A 32 años de aquel fatídico incidente, la población afectada de Córdoba, Veracruz, clama por justicia y por una atención adecuada a sus necesidades. La remediación ambiental y el apoyo a las víctimas se vuelven imperativos para reparar el daño causado por la tragedia de Anaversa. Solo con acciones concretas y una verdadera voluntad política se podrá restablecer la confianza en las instituciones y brindar justicia a aquellos que han sufrido las consecuencias de esta tragedia química sin precedentes.