Trabajadores en huelga de carrocerías Altamirano y remolques Altamirano exigen pagos adeudados después de cuatro años de lucha
Los trabajadores de las empresas Carrocerías Altamirano y Remolques Altamirano han estado en huelga durante un prolongado período de cuatro años. En un acto de protesta que tuvo lugar ayer frente a la factoría, ubicada junto a la carretera federal Texcoco-Lechería, en este municipio, exigieron de manera enérgica el pago de los salarios y prestaciones que el propietario adeuda a un total de 145 obreros.
Este grupo de trabajadores, acompañados de sus abogados y actuarios, se presentó en el lugar alrededor de las 10 de la mañana con la intención de llevar a cabo el embargo ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje en el marco del juicio laboral que están sosteniendo. Sin embargo, se les negó el acceso a las instalaciones.
El motivo de la huelga, que comenzó el 30 de agosto de 2019, radica en que el dueño dejó de pagar los salarios de forma regular, o bien, los hacía en “abonos”. Además, se retuvieron aguinaldos, premios de puntualidad y productividad.
Los trabajadores recurrieron a los tribunales para obtener sus pagos, pero se enfrentaron a la percepción de que su sindicato “se alió con la parte patronal” y favoreció al dueño con maniobras. A pesar de proporcionar pruebas concluyentes de las irregularidades del propietario, sus demandas siguen sin respuesta.
Osvaldo Flores, uno de los líderes de los huelguistas, destacó que las respuestas de la empresa a su sindicato han sido “inaceptables”, como afirmar que no presentaron su pliego petitorio a tiempo. A lo largo de cuatro años de lucha legal, solo lograron el reconocimiento de los salarios caídos, comenzando desde marzo de 2021.
En estos cuatro años, han logrado dos embargos contra la factoría, que en realidad consta de dos empresas diferentes: Remolques Altamirano, situada en el municipio de Tezoyuca, y Carrocerías Altamirano, en Atenco, ambas bajo la misma propiedad.
Sin embargo, el viernes pasado se emitió una orden de embargo adicional para Carrocerías Altamirano. A pesar de la oposición del propietario, argumentando que “la empresa no existe”, el acto judicial se llevó a cabo en forma escrita en lugar de material.
Los manifestantes acusan al patrón de haber creado nuevas empresas con razones sociales distintas para seguir operando en talleres, lo que hace que parezca que existen dos fábricas. La deuda pendiente por salarios caídos asciende a 53 millones de pesos, 25 millones correspondientes a Carrocerías Altamirano y 28 millones a Remolques Altamirano.
Los trabajadores reafirman su determinación de luchar hasta que se les pague lo que se les debe, algunos de ellos con más de 22 años de servicio y otros con 30. Exigen que se haga justicia y se aplique la ley contra los patrones responsables de esta situación.