TEPJF garantiza certeza en proceso de elección judicial pese a impugnaciones

En una decisión clave para la estabilidad del proceso electoral judicial, la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los errores en la selección de candidatos son irreparables, garantizando así el cumplimiento de los plazos constitucionales establecidos para la elección. Esta postura fue respaldada por el bloque mayoritario del Tribunal, encabezado por la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe De la Mata y Felipe Fuentes, quienes enfatizaron que modificar las fallas cometidas por el Senado o los Comités de Evaluación implicaría una reforma constitucional.

El debate surgió debido a inconsistencias en los listados de candidatos, lo que generó un enfrentamiento entre los bloques del TEPJF. Mientras que el grupo mayoritario sostuvo que las impugnaciones debían desecharse en aras de la certeza y definitividad del proceso, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez advirtieron que la resolución afectaba la legitimidad del proceso. Soto, en un momento de tensión, cuestionó a Rodríguez sobre si desechar las impugnaciones significaba deslegitimar el proceso, a lo que él respondió que no, aunque criticó la manera en que se resolvieron las inconformidades.

Durante la sesión pública, el pleno del Tribunal desechó por mayoría todas las impugnaciones relacionadas con la conformación de los listados, incluyendo casos de aspirantes sorteados que luego fueron excluidos sin explicación. La razón principal de esta decisión fue la inexistencia de los Comités de Evaluación, lo que imposibilitaba la corrección de los errores.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de César Salgado Alpízar, quien aspiraba a un cargo como magistrado civil y del trabajo en el Vigésimo Primer Circuito, con sede en Guerrero. Sin embargo, el Senado lo inscribió en una categoría diferente, como magistrado de Tribunal Colegiado en materia Administrativa y del Trabajo, una posición que ni siquiera será sometida a votación en este proceso. A pesar de la evidente irregularidad, la mayoría del Tribunal concluyó que no había forma de corregirlo, debido a la inexistencia de los comités responsables.

La magistrada Janine Otálora enfatizó que uno de los aspirantes afectados había sido sorteado por el Senado, pero su nombre no apareció en la lista final, lo que motivó su impugnación. Sin embargo, el Tribunal resolvió que la situación constituía un daño irreparable. En este contexto, Otálora y Rodríguez insistieron en la necesidad de analizar a fondo los casos y corregir aquellos errores que todavía pudieran ser subsanados.

No obstante, los magistrados De la Mata y Fuentes, junto con Soto, defendieron la postura de que no había manera de hacer correcciones sin la existencia de los comités. De la Mata argumentó que detener o repetir el proceso generaría incertidumbre y afectaría el cumplimiento de los plazos constitucionales. “Los comités responsables ya no existen, el proceso de insaculación ya pasó, por lo que ordenar una corrección es imposible. Esto evidencia que es irreparable”, sentenció.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez expresó su preocupación por la decisión de desechar las impugnaciones, asegurando que esto no contribuye a la democracia y que lo correcto era revisar cada caso a fondo. Sin embargo, Fuentes Barrera replicó con firmeza que una revocación sería inejecutable y que, lejos de generar certeza jurídica, solo alimentaría falsas expectativas. “Lo políticamente correcto no es lo jurídicamente correcto”, concluyó.

Con esta determinación, el TEPJF reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley y la certeza del proceso electoral judicial, asegurando que las etapas se lleven a cabo sin contratiempos ni dilaciones innecesarias.