TEPJF delega al INE la regulación de actos de aspirantes: ¿Equidad o fraude a la ley?

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión trascendental al avalar la “convocatoria para la selección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México”, un proceso respaldado por el PAN, PRI y PRD. Esta determinación se llevó a cabo mediante una votación en la que tres magistrados votaron a favor y uno en contra del proyecto presentado por Janine Otálora, que buscaba anular dicha convocatoria en respuesta a una queja presentada por el PT. Otálora argumentó que esta convocatoria de la oposición era un fraude a la ley y una simulación para elegir a su candidato presidencial.

Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe Fuentes Barrera reconocieron que las estrategias de los partidos políticos pueden afectar la equidad en las próximas elecciones, por lo que han ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir, en un plazo de cinco días, lineamientos para regular y fiscalizar tanto el proceso de la oposición como el de Morena y sus aliados. En este sentido, el TEPJF ha trasladado al INE la responsabilidad de definir el tipo de propaganda permitida, considerando la permanencia o retiro de anuncios masivos en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de barda, en especial cuando aparezcan personas que participan en los procesos electorales en curso, garantizando así su retiro inmediato en caso necesario.

El debate en torno a esta decisión ha sido largo y ha destacado la advertencia de la magistrada Otálora, quien señaló que la estrategia del frente es similar a la de Morena, ambos buscando elegir a un “responsable” o “coordinador”. Aunque los partidos tienen derecho a la autoorganización, Otálora argumentó que no se puede permitir un fraude a la ley, ya que los procesos establecidos por ambos bloques tienen como objetivo final la selección de su candidato presidencial. Según Otálora, esto constituye un acto anticipado que va en contra de la equidad y la legalidad. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que los contendientes asuman una posición ética y respeten las leyes en el contexto democrático.

Los magistrados Rodríguez, Infante y Fuentes defendieron su posición argumentando que la anulación de la convocatoria sería un “exceso” que violaría las libertades consagradas en la Constitución. Otálora respondió a esta postura afirmando que los partidos políticos se habían adelantado a los tiempos establecidos, cuestionando si se estaba admitiendo que las estrategias partidistas pueden vulnerar la equidad. Ante esta situación, Otálora sugirió suspender el proceso al menos hasta septiembre, cuando oficialmente inicie la contienda electoral para el período 2023-2024.

Es importante mencionar que la discusión se llevó a cabo entre cuatro magistrados, ya que los otros tres de la sala (Soto, Vargas y De la Mata) estuvieron ausentes justificadamente. El magistrado presidente, Reyes Rodríguez, presentó una alternativa al proyecto de Otálora, que consiste en establecer parámetros para que el consejo general del INE regule y fiscalice todos aquellos procesos y actividades cuya finalidad sea establecer una estrategia, posicionar y/o definir a las personas aspirantes a una precandidatura en el proceso electoral federal, sin importar la denominación específica. Estos lineamientos establecerán lo que está permitido y no sustituirán lo que ya está estipulado por ley, por ejemplo, los aspirantes de ambos bloques partidistas no podrán utilizar el tiempo de los partidos en radio y televisión.

Además de este tema, la Sala Superior del TEPJF confirmó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha cometido violencia política de género contra diputadas del PRI. Como consecuencia, se ha determinado que Sansores debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por cometer este tipo de violencia, por un período de tiempo aún por definir.

Con la decisión de trasladar al INE la regulación de los actos de aspirantes y la confirmación de violencia política de género por parte de la gobernadora Sansores, el TEPJF ha tomado medidas importantes en el ámbito electoral. Ahora será responsabilidad del INE emitir los lineamientos necesarios para garantizar la equidad y la legalidad en los procesos de selección de los candidatos presidenciales, así como regular la propaganda permitida durante la contienda electoral. Sin duda, estas decisiones marcarán el rumbo de las elecciones venideras y pondrán a prueba la capacidad del INE para cumplir con su mandato de organizar elecciones transparentes y justas en México.