Suspensión Provisional a Juez del Altiplano: Garantía de Derechos y Transparencia
Ciudad de México.– En un hecho que subraya la relevancia del respeto a los derechos procesales, Gregorio Salazar Hernández, juez de control adscrito al penal del Altiplano, obtuvo una suspensión provisional otorgada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México. Esta medida obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a permitirle acceso a la carpeta de investigación abierta en su contra, en el marco de las acusaciones por presuntas irregularidades al beneficiar a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, supuesto líder del Cártel del Golfo.
El Caso de “El Contador”
El epicentro de la polémica radica en la liberación de El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. El 20 de noviembre del año pasado, Salazar Hernández, en su calidad de juez de distrito especializado, determinó no imponer la prisión preventiva oficiosa solicitada por la FGR. En su lugar, dictó medidas cautelares alternativas, entre ellas la presentación periódica en Matamoros, Tamaulipas, una garantía económica de cinco millones de pesos, la prohibición de salir del país y el uso de un localizador electrónico.
Esta decisión desató críticas y llevó a la FGR a iniciar una carpeta de investigación contra el juzgador en diciembre, acusándolo de delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía argumenta que Salazar Hernández actuó de manera indebida al ordenar la liberación de El Contador sin valorar adecuadamente los riesgos procesales.
Decisión del Tribunal Colegiado
Ante la negativa inicial del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Penal para concederle una suspensión provisional, Salazar Hernández recurrió al Primer Tribunal Colegiado. Los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, en decisión dividida frente al voto particular de Juan José Olvera López, otorgaron la suspensión.
En su resolución, destacaron que la Fiscalía, a través de declaraciones públicas, ya había reconocido la existencia de una investigación contra el juez. Argumentaron que negarle el acceso a los registros generaría un estado de indefensión al impedirle ejercer acciones legales en su favor. Subrayaron que este derecho está contemplado en el marco de los principios de transparencia y debido proceso.
Implicaciones para el Estado de Derecho
El caso pone en el centro del debate la responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones y la obligación de las autoridades de garantizar un proceso justo. Mientras la FGR busca fortalecer su caso contra Salazar Hernández, esta suspensión provisional representa un mensaje claro: las investigaciones deben llevarse a cabo con respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
El desenlace de este proceso será clave para sentar precedentes en el manejo de casos similares en el futuro. Por ahora, Salazar Hernández cuenta con el respaldo jurídico necesario para preparar su defensa y enfrentar las acusaciones en condiciones de igualdad ante la ley.