Suprema Corte rechaza proyecto de presupuesto para 2025 y pide ajustes por austeridad

En una sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La decisión se dio en medio de cuestionamientos sobre el incumplimiento de las medidas de austeridad establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como la falta de ajustes derivados de la reciente reforma judicial.

Entre los principales puntos criticados por los ministros se encuentra que el proyecto no incluye las reducciones necesarias en gastos y ajustes salariales tras la eliminación de fideicomisos y la orden de que los sueldos de altos funcionarios no excedan el del presidente de la República. En cambio, la propuesta de Piña contempla un incremento en el presupuesto para hacer frente a los efectos de la inflación.

Según fuentes del alto tribunal, el proyecto incluye recursos para un posible ajuste en las remuneraciones, si las instancias correspondientes lo autorizan, así como para cubrir el pago total de pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales. Asimismo, se considera la contratación de personal por honorarios para reforzar labores cuando sea necesario, pero no se contempla la creación de nuevas plazas.

Uno de los puntos más controvertidos fue la inclusión de millonarias asignaciones para seguros privados, como el de gastos médicos mayores, por 132 millones 825 mil pesos, y el de separación individualizada, que asciende a 204 millones 988 mil pesos. Estas partidas fueron señaladas como incompatibles con los principios de austeridad que el Poder Judicial debe seguir, de acuerdo con las normativas vigentes.

Ante los señalamientos, la ministra Piña se comprometió a reelaborar el proyecto y presentarlo nuevamente el próximo martes, con los ajustes necesarios para cumplir con las exigencias de austeridad y alinearse a las reformas recientes.

Este rechazo por parte del pleno de la SCJN refleja la creciente presión para que las instituciones del Estado se adapten a las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal, las cuales buscan reducir gastos innecesarios y ajustar los salarios de altos funcionarios públicos. La Suprema Corte, al ser una de las principales instituciones del país, enfrenta un escrutinio público y político sobre su manejo presupuestal en un contexto de reformas que han afectado directamente su estructura y funcionamiento.

La nueva propuesta de presupuesto será clave para determinar cómo el Poder Judicial ajustará sus finanzas para el próximo año, en un momento en el que la austeridad y la eficiencia en el uso de recursos públicos son temas prioritarios en la agenda nacional.