Soberanía Energética y Medioambiente en la Agenda del Gobierno Mexicano
El Gobierno de México, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tomado medidas significativas para reforzar la soberanía energética nacional y la protección del medio ambiente. Una de estas acciones es la ocupación temporal e inmediata de la planta de hidrógeno operada por la firma francesa Air Liquide, ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo. Esta decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, declara la utilidad pública del suministro de gas producido en la planta y ordena su ocupación temporal por parte de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI).
El gobierno resalta que esta medida mejorará los márgenes de refinación de Pemex TRI y contribuirá a la soberanía energética del país. La refinería de Tula había estado pagando una cuota fija a Air Liquide, lo que encarecía el suministro del insumo. Esta acción se alinea con el objetivo del gobierno de alcanzar la autosuficiencia en la producción de petrolíferos y de garantizar la autonomía de suministro de hidrógeno, esencial en la refinación de crudo y en la producción de gasolinas.
La planta había estado bajo control de Air Liquide desde 2017, tras una enajenación onerosa por parte de la administración anterior. El decreto estipula que la subsidiaria de la empresa estatal cubrirá la indemnización correspondiente, aunque no especifica el monto. Air Liquide podrá impugnar judicialmente solo el monto de la indemnización.
Este caso ha generado opiniones divididas. Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, cuestionó la inmediatez de la expropiación. Julia González, abogada especializada en energía, señaló que declarar un activo como de utilidad pública puede ser un paso hacia la expropiación, pero no necesariamente resulta en una.
Por otro lado, el presidente López Obrador se ha enfocado también en la protección del medio ambiente, como se refleja en el litigio con la empresa Calica, filial de la firma estadounidense Vulcan. El gobierno busca comprar un terreno de 2 mil hectáreas en Playa del Carmen, explotado actualmente por Calica, para convertirlo en reserva ecológica. El presidente destacó que su administración no puede ser cómplice de la violación de leyes en detrimento del medio ambiente y subrayó la necesidad de resolver este litigio en el primer trimestre de 2024.
La canciller Alicia Bárcena negocia con la empresa, proponiendo un pago de 6 mil millones de pesos por el terreno, en un esfuerzo por detener su explotación y proteger la selva. El presidente enfatizó que la postura del gobierno es de buena fe y que la decisión de cancelar la extracción se fundamenta en la defensa del medio ambiente, contemplada en el tratado comercial.
Estas acciones del gobierno mexicano reflejan un enfoque equilibrado entre el fortalecimiento de la soberanía energética y la protección del medio ambiente, dos pilares fundamentales en la agenda del presidente López Obrador. Con estos pasos, se busca garantizar tanto la autosuficiencia energética como la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.