Sin pruebas, EU culpa a migrantes de operar para cárteles; México exige responsabilidad
Ciudad de México. En una declaración que carece de sustento probatorio y evade los factores estructurales del problema, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que “muchos migrantes irregulares están haciendo el trabajo de los cárteles mexicanos”, responsabilizándolos por la creciente circulación de drogas como fentanilo y metanfetamina en varias zonas del país. Las declaraciones se realizaron en conferencia de prensa conjunta con el encargado interino de la DEA, Robert Murphy, tras el anuncio de resultados de la llamada Operación Recuperemos Estados Unidos.
El operativo, ejecutado durante el fin de semana del 4 de julio, incluyó redadas simultáneas en al menos siete estados del país vecino y concluyó con la incautación de cantidades récord de drogas como fentanilo, carfentanilo y metanfetamina. No obstante, las autoridades estadounidenses evitaron mencionar a los grandes distribuidores internos de drogas en su propio territorio y centraron su narrativa en criminalizar a migrantes y cárteles mexicanos, sin proporcionar evidencias contundentes.
Durante su intervención, Murphy sostuvo que los cárteles “operan en cada rincón de Estados Unidos”, afirmación que, si bien pone en evidencia la dimensión del problema, no aborda el rol central que juegan ciudadanos estadounidenses como principales distribuidores, tal como lo demuestra un estudio del Instituto Cato que indica que el 86.3 por ciento de los traficantes de fentanilo condenados en 2021 eran ciudadanos norteamericanos.
Entre los decomisos destacados, la DEA reportó 71 kilos de fentanilo y 20 de metanfetamina en Columbia, Carolina del Sur; 320 kilos de metanfetamina en Georgia escondidos en pepinos provenientes supuestamente de México; y 11 kilos de carfentanilo en Fresno, California, disfrazados como pastillas de oxicodona. También mencionaron un operativo multiestatal en Illinois, Indiana y Arizona, con 23 detenidos, y la incautación de armas y diversos narcóticos.
Estas acciones, subrayaron los funcionarios, fueron posibles gracias a labores de inteligencia, aunque también reconocieron que no es factible revisar todos los vehículos en la frontera. Lo que no reconocieron fue el papel de sus propias redes internas de distribución y consumo, así como el fracaso histórico de la política punitiva antidrogas.
La narrativa promovida por Bondi, que atribuye sin evidencia la distribución de drogas a migrantes indocumentados, ha sido criticada por su carga ideológica y por omitir que los flujos de droga en Estados Unidos tienen raíces estructurales, incluidos factores de demanda interna, redes de distribución doméstica y corrupción local.
Desde México, se observa con preocupación esta estrategia discursiva que, lejos de contribuir a una solución conjunta del problema del narcotráfico, fomenta la estigmatización de comunidades migrantes y distorsiona la comprensión del fenómeno. Cabe recordar que el Gobierno de México ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición al trabajo coordinado en el combate al crimen transnacional, siempre en un marco de respeto mutuo, corresponsabilidad y evidencia técnica.
Los verdaderos enemigos son las redes delictivas que se aprovechan de la vulnerabilidad y la marginación, y no quienes, en condiciones de extrema necesidad, buscan mejores oportunidades de vida. Ante una crisis que afecta a miles de familias en ambos lados de la frontera, es imprescindible que las respuestas se construyan desde la verdad, la justicia y la cooperación internacional.