Sheinbaum propone reformas judiciales para proteger a juzgadores y agilizar procesos

Ciudad de México.— En una acción decidida por fortalecer la justicia y proteger la integridad de quienes la imparten, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Comisión Permanente dos importantes iniciativas reglamentarias de la reforma judicial, orientadas a agilizar los procesos, abatir el rezago en tribunales y reforzar la seguridad de los juzgadores que enfrenten casos relacionados con la delincuencia organizada.

Estas propuestas buscan modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de garantizar que jueces, magistrados y ministros electos bajo la nueva reforma judicial desempeñen sus funciones bajo los principios de honestidad, legalidad, imparcialidad, transparencia, austeridad y profesionalismo.

Un elemento clave de la iniciativa es la creación del equivalente a la figura de jueces sin rostro, mediante la preservación de la identidad de juzgadores que lleven procesos vinculados con delitos de alto impacto. Para ello, se contempla la adición de un capítulo denominado De la protección de las personas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la inclusión de los artículos 22 bis y 22 ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establecen mecanismos y criterios objetivos para solicitar medidas de resguardo.

La iniciativa precisa que estas medidas de protección deberán ser solicitadas por el nuevo Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, el cual también determinará su implementación con base en criterios técnicos como la capacidad del grupo delictivo para causar daño, antecedentes de amenazas o agresiones, y otras circunstancias de riesgo.

Estas medidas de resguardo no serán permanentes ni arbitrarias, ya que estarán sujetas a revisión periódica por una unidad especializada del nuevo órgano judicial. El objetivo es proteger sin afectar la transparencia ni los derechos procesales de las partes involucradas, bajo una lógica de proporcionalidad y temporalidad.

Asimismo, las iniciativas presentadas formalizan la creación de los dos nuevos órganos que reemplazarán al actual Consejo de la Judicatura Federal: el Tribunal de Disciplina Fiscal y el Órgano de Administración Judicial. Ambos se alinearán con el principio de justicia pronta y expedita, promoviendo un sistema que actúe con celeridad, sin demoras ni dilaciones innecesarias.

Uno de los ejes de estas reformas es la modificación de plazos en los procedimientos penales, lo que limita la discrecionalidad de los juzgadores y evita afectaciones a los derechos humanos de víctimas, imputados y sentenciados. Se trata de garantizar procesos justos, claros y bajo el marco de legalidad que la ciudadanía exige.

Con estas propuestas, la presidenta Sheinbaum reafirma su compromiso con una transformación de fondo del sistema de justicia en México, poniendo en el centro a las víctimas, fortaleciendo la autonomía judicial y blindando a quienes luchan contra la impunidad desde el estrado. Se trata de una visión que combina firmeza institucional con perspectiva de derechos humanos, en beneficio de un país que exige seguridad, justicia y transparencia.