Sheinbaum impugna acuerdo del INE por limitar participación ciudadana: denuncia acto de censura previa
Ciudad de México.– En defensa del derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y la rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impugnó formalmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el reciente acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que restringe la promoción de la participación ciudadana en el marco de la elección judicial del próximo 1 de junio.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la mandataria calificó el acuerdo como un “acto arbitrario” y una forma de censura previa, al considerar que el INE no tiene facultades exclusivas para regular la difusión de información relacionada con procesos cívicos. El documento de impugnación, recibido por el INE el lunes pasado, subraya que esta medida vulnera principios fundamentales del orden constitucional mexicano.
El acuerdo del INE establece criterios que, bajo el argumento de garantizar la equidad e imparcialidad de los comicios, prohíbe a las estructuras gubernamentales promover la participación ciudadana en dicha elección. No obstante, la jefa del Ejecutivo argumenta que el artículo 501 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue mal interpretado por el órgano electoral, ya que la responsabilidad de informar a la ciudadanía corresponde a todos los órganos del Estado, no solo al INE.
“La difusión de mensajes que promuevan la cultura cívica y la participación ciudadana no puede considerarse propaganda electoral ni atentado contra la equidad de la contienda”, se señala en el escrito. En este sentido, Sheinbaum advierte que impedir esta labor informativa equivale a desconocer el deber constitucional del Ejecutivo de fomentar una ciudadanía informada y participativa.
Entre los seis agravios que sustenta la impugnación, se destaca que el INE invade las facultades del Poder Ejecutivo, al pretender regular aspectos de política de comunicación social, y que el acuerdo en cuestión carece de justificación lógica y razonable que demuestre cómo dicha difusión afectaría la equidad electoral.
El documento sostiene que el acuerdo viola principios fundamentales como la legalidad, tipicidad, certeza, reserva de ley y seguridad jurídica, al imponer restricciones que no están previstas expresamente por el legislador. Asimismo, advierte que un reglamento del INE no puede estar por encima de la Constitución, ni pasar por alto tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libre expresión.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que el Tribunal Electoral revoque el acuerdo del INE, en aras de salvaguardar el derecho del pueblo a ser informado y a participar activamente en los asuntos públicos, como lo establece el artículo 6° de la Carta Magna.
Este acto de defensa constitucional refuerza el compromiso del Gobierno de México con una democracia participativa, donde el fortalecimiento de la cultura cívica y el respeto a los derechos humanos sean pilares inquebrantables del proceso electoral.