Señalamientos de favoritismo judicial en casos de desaparición forzada y narcotráfico generan preocupación
El gobierno federal vuelve a señalar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, en esta ocasión por desechar una queja contra una jueza de Aguascalientes que ha sostenido criterios parciales en beneficio de presuntos responsables de una desaparición forzada ocurrida en 2018. Según el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, este accionar podría absolver a los implicados en el caso.
Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el subsecretario presentó el informe quincenal Cero Impunidad y señaló a la ministra Piña, así como a la secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la magistrada María Magdalena Rolón Montaño, por desechar la queja contra la jueza de distrito de Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en el caso de desaparición de José Francisco “N”, detenido en 2018.
Rodríguez Bucio detalló que la víctima, un pepenador, fue aprehendida por elementos de la fiscalía general de justicia de Aguascalientes y escoltas del ex gobernador Martín Orozco. Hasta la fecha, José Francisco “N” continúa desaparecido. El subsecretario afirmó que el 27 de mayo de 2023, la ministra Piña y la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa contra la jueza Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales a favor de los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada.
El funcionario federal resaltó que las acciones de la jueza podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada contra José Francisco “N”. Además, mencionó que otro detenido por este caso, Jaima “N”, se suicidó en 2019 de manera dudosa en su celda en el centro de readaptación social de Aguascalientes, y aún queda una persona presuntamente responsable por detener.
En otro caso que involucra a representantes del Poder Judicial, el subsecretario Rodríguez Bucio señaló a la jueza Cecilia Croman Flores, encargada del despacho del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero. La jueza absolvió al narcotraficante Héctor El Güero Palma el pasado 17 de mayo, decretando su libertad por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido contra nueve personas. La liberación del criminal se ordenó en un plazo de tres horas, aunque se aclaró que El Güero Palma permanece detenido por otra causa penal.
Otro juez señalado durante la conferencia matutina fue José de Jesús Rodríguez Hernández, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato. El subsecretario informó que el juzgador ordenó la liberación, el 26 de mayo, de varios presuntos criminales que habían sido detenidos dos días antes. El juez Rodríguez Hernández decretó la libertad de Guadalupe Israel “N”, alias El Choncho, y de siete de sus cómplices, a pesar de que fueron aprehendidos en flagrancia durante un cateo. En el momento de su detención, se les encontró en posesión de cocaína, marihuana, metanfetaminas y cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Estos casos de jueces que aparentemente favorecen a delincuentes han generado controversia y críticas hacia el Poder Judicial. El subsecretario Rodríguez Bucio destacó estos ejemplos como parte del informe quincenal Cero Impunidad, presentado en la conferencia presidencial. Estos casos ponen en entredicho la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia mexicano.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y la secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Magdalena Rolón Montaño, han sido señaladas directamente por el subsecretario de Seguridad Pública en relación con la desaparición forzada ocurrida en Aguascalientes en 2018. Según Rodríguez Bucio, su actuación al desechar una queja administrativa contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez ha permitido que los presuntos responsables de este delito se beneficien de criterios parciales y, potencialmente, sean absueltos.
El subsecretario mencionó el caso de José Francisco “N”, quien fue detenido por elementos de la fiscalía general de justicia de Aguascalientes y escoltas del ex gobernador Martín Orozco. Desde entonces, la víctima se encuentra desaparecida. La jueza Álvarez Rodríguez ha sido acusada de sostener criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de esta desaparición forzada: René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”. El subsecretario advirtió que estas actuaciones podrían resultar en la absolución de los implicados en el delito de desaparición forzada.
Además de este caso, se mencionó el suicidio en 2019 de Jaima “N”, otro detenido relacionado con la desaparición forzada de José Francisco “N”. Este hecho ocurrió de manera sospechosa en su celda en el centro de readaptación social de Aguascalientes. A pesar de estos acontecimientos, aún queda una persona presuntamente responsable por ser detenida en relación con este delito.
Otro caso destacado por el subsecretario Rodríguez Bucio es el de la jueza Cecilia Croman Flores, quien se desempeña como encargada del despacho del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero. La jueza absolvió al narcotraficante Héctor El Güero Palma el pasado 17 de mayo, argumentando prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido contra nueve personas. Esta decisión resultó en su liberación inmediata en un lapso de tres horas. Cabe destacar que, a pesar de esta resolución, El Güero Palma permanece detenido por otra causa penal pendiente en su contra.
En otro caso que evidencia supuestas irregularidades en el sistema judicial, el subsecretario Rodríguez Bucio mencionó al juez José de Jesús Rodríguez Hernández, quien trabaja en el Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato. Este juez especializado en el sistema penal acusatorio ordenó la liberación, el 26 de mayo, de varios presuntos delincuentes que habían sido detenidos dos días antes durante un cateo. Entre ellos se encontraba Guadalupe Israel “N”, conocido como El Choncho, y siete cómplices. A pesar de que fueron aprehendidos en flagrancia en posesión de sustancias ilícitas y cartuchos para armas de uso exclusivo del ejército, el juez decretó su libertad.
Estos casos han generado una fuerte crítica hacia el Poder Judicial, poniendo en entredicho su imparcialidad y su compromiso con la justicia. La actuación de algunos jueces ha sido señalada como favorable a los delincuentes, lo cual socava la confianza de la sociedad en el sistema de justicia mexicano.
El informe quincenal Cero Impunidad presentado por el subsecretario de Seguridad Pública deja en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el ámbito judicial. Estos casos no solo representan una amenaza para la justicia y el Estado de derecho, sino que también perpetúan la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Ante estas denuncias, se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la integridad en el sistema de justicia. La sociedad mexicana exige respuestas y acciones contundentes para erradicar la corrupción y asegurar que los responsables de delitos sean juzgados de manera justa y que se haga justicia para las víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal deberán asumir su responsabilidad en la supervisión y sanción de los jueces que incurran en prácticas indebidas o parciales. Es fundamental que se promueva la rendición de cuentas y se fortalezcan los mecanismos de control interno para prevenir situaciones similares en el futuro.
El sistema de justicia en México debe ser un pilar fundamental para la consolidación de la paz y la seguridad en el país. La confianza de la sociedad en las instituciones judiciales es crucial para el Estado de derecho. Por tanto, es imperativo que se realicen las reformas necesarias y se implementen medidas eficaces para garantizar la independencia, la imparcialidad y la honestidad en el ejercicio de la justicia.
El país espera respuestas y acciones concretas para abordar estas preocupaciones y asegurar que la justicia prevalezca sobre la impunidad. La sociedad mexicana merece un sistema de justicia confiable y efectivo, que brinde protección a los ciudadanos y promueva la paz y la seguridad en el territorio nacional. Es crucial que se lleve a cabo una profunda reflexión sobre las fallas y deficiencias en el sistema judicial y se tomen medidas urgentes para corregirlas.
La transparencia y la rendición de cuentas deben convertirse en pilares fundamentales del Poder Judicial. La sociedad demanda jueces íntegros, imparciales y comprometidos con la justicia, que actúen en beneficio de la sociedad y no en favor de los delincuentes.
Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de control y evaluación de los jueces, implementando sistemas efectivos de supervisión y sanción para aquellos que actúen de manera indebida. La selección de los jueces debe basarse en criterios de idoneidad, honestidad y trayectoria intachable, asegurando que solo los mejores profesionales del derecho ocupen dichos cargos.
La sociedad mexicana está cansada de la impunidad y de la sensación de injusticia que prevalece en muchos casos. Es fundamental que las instituciones encargadas de administrar justicia sean garantes de la equidad y la imparcialidad, brindando confianza y certeza a los ciudadanos.
El gobierno federal, en conjunto con las instituciones judiciales, debe trabajar de manera coordinada y comprometida para impulsar reformas estructurales que fortalezcan el sistema de justicia y garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos.
En última instancia, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia son tareas que involucran a toda la sociedad. La participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y el respeto a los principios democráticos son fundamentales para lograr una transformación real y duradera en el ámbito judicial.
La sociedad mexicana no puede permitirse más casos de jueces que favorecen a delincuentes o que actúan con parcialidad. La justicia es el cimiento de una sociedad equitativa y pacífica, y es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para construir un sistema judicial sólido, confiable y al servicio de la ciudadanía.