Senado solicita a la Suprema Corte sobreseer amparos contra reforma judicial
Ciudad de México – Tras la entrada en vigor de la reciente reforma a la Constitución, que refuerza la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier recurso legal, el Senado, liderado por Morena, solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deje sin efecto todos los amparos y recursos legales interpuestos contra dicha enmienda, incluidos los promovidos por el PRI, PAN y MC. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitó a la dirección jurídica del Senado gestionar el sobreseimiento de estas impugnaciones ante la SCJN, argumentando que la reforma en cuestión elimina la posibilidad de recurrir judicialmente contra modificaciones constitucionales.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre, modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución y establece que la Carta Magna es inviolable, incluyendo la eliminación de amparos y demás recursos contra reformas constitucionales. Fernández Noroña defendió esta postura desde el pleno del Senado, afirmando que el cambio protege la integridad de la Constitución y convierte en improcedentes las impugnaciones pendientes.
Sin embargo, la oposición, encabezada por el PRI, PAN y MC, se opone tajantemente a esta interpretación. La coordinadora panista, Guadalupe Murguía, y el senador priísta Alejandro Moreno Cárdenas destacaron que la SCJN tiene la responsabilidad de resolver las acciones de inconstitucionalidad programadas para discusión el próximo martes, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, calificó como “sandez” la solicitud de Morena de sobreseer los recursos, calificando la reforma de una “locura” que va en contra de la esencia de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
La posición de la oposición también incluye una visión legal de carácter no retroactivo, destacando que ninguna ley puede aplicarse en detrimento de derechos adquiridos. Con base en esto, afirman que los recursos y amparos presentados antes de la publicación de la reforma deben seguir su curso normal, respetando los principios de legalidad y acceso a la justicia.
Desde el lado de Morena, legisladores como Saúl Monreal y el vicecoordinador Ignacio Mier han defendido que el segundo transitorio de la reforma establece que los asuntos en trámite deben resolverse conforme a la nueva disposición constitucional, lo que implica que las impugnaciones actuales serían improcedentes. Mier argumentó que los propios integrantes del Poder Judicial han aceptado la validez de la reforma judicial, señalando que tanto jueces como ministros han manifestado que no participarán en la próxima elección de 2025, en respeto a sus beneficios de retiro. Además, recordó que la SCJN ya designó a los miembros del Comité Técnico del Poder Judicial en función de la reforma, lo cual, según él, avala su aplicación.
El debate refleja una fuerte tensión entre Morena y la oposición en torno a los alcances y efectos de esta reforma judicial. Para el bloque oficialista, esta medida consolida la supremacía constitucional y cierra el paso a una serie de amparos que, consideran, obstaculizan las transformaciones en el Poder Judicial. En contraste, para los senadores opositores, este intento representa un acto de intromisión y control del Ejecutivo sobre el Judicial, y pone en riesgo la autonomía de la SCJN.
La resolución de la SCJN respecto a estas impugnaciones marcará un precedente importante en la interpretación de los alcances de la reforma y en el equilibrio de poderes en México. La Corte enfrenta una decisión compleja que puede definir no solo el futuro de la reforma judicial, sino también el límite de los recursos legales que buscan cuestionar las decisiones en el ámbito constitucional.