Senado aprueba histórica reforma para fortalecer la seguridad pública en manos civiles
En un consenso inédito, el Senado de México aprobó por unanimidad la reforma al artículo 21 de la Constitución, dotando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nuevas facultades de investigación para colaborar directamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en la lucha contra el crimen. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso firme hacia una mayor centralización y coordinación en la estrategia de seguridad del país, apostando por un modelo de inteligencia y mando civil.
La modificación constitucional permitirá a la SSPC participar en la investigación de delitos y en la ejecución de órdenes de aprehensión, en un esfuerzo conjunto con la FGR para reducir la violencia en el país. La medida, aprobada con 121 votos a favor en lo general y 122 en lo particular, será revisada ahora por la Cámara de Diputados.
Además de su nueva función investigadora, la SSPC asumirá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y liderará operativos en conjunto con los tres niveles de gobierno. Estos cambios han llevado a expertos a describir a la SSPC como una “supersecretaría”, al convertirse en el eje central de las políticas de seguridad pública en México. También se contempla la creación de un secretariado ejecutivo encargado de supervisar el uso de los fondos federales destinados a la seguridad en las entidades, así como la emisión de lineamientos y homologación de estándares de actuación.
Durante el debate, que duró más de cuatro horas, los senadores discutieron el alcance y las implicaciones de la reforma. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, subrayó la urgente necesidad de actuar ante la violencia desbordada en el país. “Es un horror la violencia”, expresó al defender la medida, calificándola como un avance hacia la recuperación de la paz y la seguridad a través de un mando civil reforzado.
Desde la oposición, hubo un apoyo crítico. La bancada del PAN expresó su respaldo, pero advirtió que el seguimiento y el respeto al marco legal serán condiciones esenciales para que estas nuevas atribuciones no excedan sus límites. Francisco Ramírez Acuña (PAN) celebró la reforma como una respuesta a la urgente necesidad de “recuperar la seguridad en el país” y destacó que con esta medida se busca detener el proceso de militarización exacerbado en sexenios anteriores.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) también apoyó la iniciativa, señalando que representa un “primer paso para la recuperación de la seguridad en manos civiles”, destacando la necesidad de una estrategia guiada por inteligencia y coordinación. A su vez, subrayó la importancia de implementar mecanismos de supervisión adecuados, a fin de evitar que la centralización de estas facultades afecte derechos humanos o propicie abusos.
En un incidente que marcó el debate, la senadora panista Lilly Téllez arrojó monedas a Cynthia López Castro, exintegrante del PRI y actual senadora de Morena, lo que desencadenó una confrontación que fue calmada por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien hizo un llamado al orden y acusó a Téllez de incurrir en violencia política.
En su intervención, Ramírez Acuña señaló que con la reforma se normarán las funciones de inteligencia en seguridad pública, antes restringidas al ámbito de la seguridad nacional. Esto ampliará las labores de la SSPC, lo cual, según analistas, permitirá un enfoque de seguridad pública guiado por la inteligencia más que por la fuerza.
Finalmente, los senadores coincidieron en que la reforma es una oportunidad para fortalecer la seguridad pública en un marco de derechos y legalidad. La ciudadanía, resaltaron, deberá confiar en que este cambio reforzará la paz social y generará una mayor coordinación en la lucha contra la violencia que aqueja al país.