SCJN ordena reanudar selección del Fiscal de Justicia en Nuevo León sin incluir a aspirantes no elegibles
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución clave para el proceso de selección del nuevo Fiscal de Justicia en Nuevo León, estableciendo un precedente importante en el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para cargos públicos. En una decisión notificada este viernes, la SCJN ordenó al Poder Legislativo de Nuevo León que reanude el procedimiento de elección del fiscal, pero únicamente con los aspirantes que ya han cumplido con todos los requisitos legales, incluyendo la presentación de la carta de no antecedentes penales.
La decisión del máximo tribunal surge en el contexto de la Controversia Constitucional 283/2022, un caso que ha generado gran interés debido a las implicaciones que tiene para la transparencia y la legalidad en la selección de funcionarios públicos. El pasado 7 de agosto, el Congreso de Nuevo León emitió un acuerdo que, según la SCJN, excedió lo establecido en la sentencia relacionada con este caso.
El Congreso, a través de su Comisión Anticorrupción, había intentado subsanar el incumplimiento de algunos aspirantes mediante la emisión de un nuevo acuerdo que les permitía presentar la carta de no antecedentes penales con posterioridad. La SCJN, sin embargo, determinó que esta acción vulneraba los principios de la convocatoria original, en la cual se estipulaba que todos los requisitos debían cumplirse al momento de la presentación de la solicitud. En consecuencia, la Corte concluyó que esta medida excedía los efectos de invalidez previamente decretados en la controversia constitucional.
Con esta resolución, la SCJN ha reiterado que el Congreso de Nuevo León debe reanudar el proceso desde la etapa final, respetando estrictamente las disposiciones originales y sin permitir la inclusión de aspirantes que no cumplieron con los requisitos al momento adecuado. Específicamente, la Corte ha ordenado que se elabore una lista de candidatos basada únicamente en aquellos que han cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales, incluyendo la carta de no antecedentes penales.
Esta decisión subraya la importancia de la legalidad y el cumplimiento riguroso de los procedimientos en la selección de funcionarios públicos, y representa un llamado de atención para todas las instituciones involucradas en estos procesos. El objetivo es garantizar que los cargos de alta responsabilidad sean ocupados por personas que cumplen con todos los criterios establecidos, evitando así cualquier tipo de irregularidad que pudiera comprometer la legitimidad de las instituciones.
La resolución de la SCJN no solo tiene un impacto inmediato en el proceso de selección del Fiscal de Justicia en Nuevo León, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los procedimientos legales y constitucionales en todo el país. En un contexto donde la transparencia y la legalidad son cada vez más exigidas por la sociedad, la decisión de la Suprema Corte refuerza el compromiso de las instituciones mexicanas con estos principios fundamentales.