SCJN Mantiene Protección a Fideicomisos del Poder Judicial Frente a Desastres Naturales
En una decisiva sesión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto mantener la suspensión sobre la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), una medida que ha generado profundas discusiones sobre el manejo de recursos públicos y la protección legal de los magistrados. Con cuatro votos en contra y uno a favor, el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue rechazado.
El conflicto surge a raíz de una disposición legal que buscaba redirigir los fondos de estos fideicomisos, que suman una cuantía de 6 mil 420 millones 827 mil 250.74 pesos, para la atención de los daños causados por el huracán Otis en la costa de Guerrero. La ministra Batres argumentó que la jueza de distrito responsable de la suspensión original se había excedido en sus funciones, priorizando intereses particulares sobre el bienestar general y el mandato del Congreso de la Unión.
Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN, incluidos Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, se opusieron al proyecto. El ministro Luis María Aguilar destacó que la asignación de fondos para tales emergencias podría realizarse a través de las partidas presupuestales del gobierno federal, sin necesidad de desmantelar los fideicomisos establecidos. “Este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, eso correspondería al fondo del juicio de amparo”, explicó Aguilar, quien ahora tiene la tarea de elaborar un nuevo proyecto de resolución.
La decisión de la Corte ha sido recibida con alivio por los integrantes del PJF, quienes ven en los fideicomisos una garantía para su seguridad económica y laboral. Los fondos en cuestión están destinados a pensiones complementarias, apoyos médicos y ayudas económicas extraordinarias para los servidores públicos del Poder Judicial.
La resolución también refleja la complejidad y la delicadeza de manejar los recursos públicos en situaciones de emergencia, equilibrando la necesidad inmediata de asistencia frente a los derechos adquiridos y las protecciones legales de los trabajadores del estado. Este caso subraya la importancia de un debate continuo sobre la eficiencia y la ética en la administración de los fondos públicos y la respuesta gubernamental ante desastres naturales.