Río Sonora: avanza propuesta de remediación, pero activistas piden justicia ambiental total

Ciudad de México.— A más de una década del derrame tóxico en el río Sonora provocado por Grupo México, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una propuesta integral para atender la grave contaminación que ha afectado a más de 24 mil personas en la región. Aunque esta iniciativa es vista como un paso positivo hacia la justicia ambiental, activistas y defensores de los derechos comunitarios insisten en que se deben incorporar más medidas concretas para garantizar la salud y el bienestar de las comunidades.

Antonio Romo, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, subrayó la importancia de que el gobierno federal emita una calendarización precisa del programa de remediación. Esto, dijo en entrevista con La Jornada, permitirá a la población vigilar, garantizar y exigir el cumplimiento de cada uno de los acuerdos, en el marco de una verdadera justicia ambiental.

Dentro de la propuesta oficial se contempla la transformación del hospital comunitario de Ures a segundo nivel, incluyendo una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental, un laboratorio toxicológico y atención médica remota. Sin embargo, Romo enfatizó que es indispensable integrar médicos toxicólogos que atiendan directamente a quienes han sido intoxicados por metales pesados, ya que actualmente existen solo 27 especialistas de este tipo en todo el país. “En Sonora se pueden formar más médicos con este enfoque, enfocados en un problema que sigue latente”, subrayó.

Otro eje clave de la propuesta es la instalación y operación de plantas potabilizadoras en las ocho comunidades afectadas, pero Romo advirtió que sin alertas sanitarias adecuadas, se corre el riesgo de seguir utilizando agua contaminada. Explicó que los metales pesados permanecen en los sedimentos del río y podrían volver a representar un riesgo ante cualquier nuevo derrame industrial. Por ello, propuso el dragado completo de la cuenca como parte del proceso de saneamiento.

“La población sigue sin tener acceso a análisis actualizados del agua del río Sonora o de los pozos comunitarios; esos datos los hemos obtenido por transparencia, no por las autoridades”, denunció el activista, quien también es docente. Añadió que es urgente realizar estudios toxicológicos a las empresas que venden agua purificada, tanto privadas como públicas, ya que actualmente no se analiza la presencia de contaminantes en estos productos.

Finalmente, Romo señaló que la responsabilidad social de Grupo México no ha sido incluida en la propuesta gubernamental. Demandó que la empresa rinda cuentas y asuma los costos de las afectaciones provocadas. Asimismo, consideró insuficiente la intención de incluir el tema ambiental en el Plan de Justicia de Cananea, y pidió que se cree un Plan de Justicia exclusivo para el Río Sonora, tal como se hizo con el Pueblo Yaqui en 2021.

La propuesta de Semarnat representa un avance, pero la voz de las comunidades afectadas exige que el proceso sea profundo, transparente y con compromisos vinculantes. Solo así podrá hablarse de una auténtica reparación del daño y de justicia para los pueblos del río Sonora.