Renuncia histórica en el Poder Judicial: integrantes del Comité de Evaluación dejan su cargo
Ciudad de México.– En un hecho sin precedentes, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron este lunes su renuncia inmediata e irrevocable, en medio de un panorama de controversia jurídica que ha impactado el proceso de selección de candidatos para la elección judicial programada el próximo 1 de junio.
Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo anunciaron su decisión a través de una carta dirigida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el documento, los integrantes destacaron que su dimisión responde a “la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”.
La renuncia ocurre pocos días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara que el Senado de la República asumiera las labores del Comité de Evaluación, cuestionando así la viabilidad del organismo en la selección de candidatos idóneos para los puestos judiciales.
El Comité de Evaluación, creado como parte de la reforma constitucional al Poder Judicial, había emprendido una ardua tarea desde su instalación, enfrentando el reto de seleccionar a los mejores perfiles entre más de tres mil aspirantes inscritos al proceso. De este grupo, solo mil 53 lograron avanzar al segundo filtro. Sin embargo, el 7 de enero, el proceso fue detenido debido a una suspensión definitiva emitida por un juez federal de Michoacán, situación que generó incertidumbre y tensiones entre las instancias judiciales.
La semana pasada, el TEPJF resolvió que el Comité debía reanudar sus labores, pero los integrantes optaron por no hacerlo e interpusieron un recurso ante la SCJN para resolver la controversia entre la orden del Tribunal y la resolución del juez federal. En su carta, los ahora exmiembros del Comité señalaron que, pese a su disposición inicial para garantizar un proceso transparente y profesional, la compleja situación jurídica les llevó a concluir que “la tarea constitucional encomendada resulta inviable”.
En su mensaje de despedida, agradecieron el apoyo recibido por las ministras y ministros de la Corte, así como por los equipos técnicos que colaboraron con ellos, subrayando su compromiso con los valores democráticos y el Estado de derecho. “Aceptamos este encargo con la convicción de que podríamos contribuir al fortalecimiento del sistema judicial. Hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por los derechos humanos y la democracia”, concluyeron.
Con esta renuncia, el proceso de selección de candidatos para la elección del 1 de junio queda en manos del Senado de la República, lo que supone un giro significativo en el diseño del procedimiento derivado de la reforma judicial. Este hecho marca un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial, evidenciando los retos de coordinación y confianza entre las distintas instancias del Estado mexicano.