Relocalización e inversión: México ante una oportunidad histórica
México se encuentra en un momento clave para consolidarse como un actor estratégico en la economía global. Con el lanzamiento del Plan México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la prioridad es atraer inversión nacional y extranjera, fortalecer la infraestructura y generar empleos bien remunerados, aprovechando el fenómeno de la relocalización de empresas.
El Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), encabezado por Altagracia Gómez Sierra, ha abierto la puerta para que el sector privado presente proyectos de inversión mixta y desarrollo de infraestructura. La meta es ambiciosa, pero alcanzable: llevar a México del lugar 12 al 10 en la economía mundial y elevar la inversión del 25% del PIB en 2026 al 28% en 2030.
Uno de los mayores retos en este escenario ha sido mantener relaciones comerciales estables con Estados Unidos, en un contexto de incertidumbre global. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que México estuvo a punto de enfrentar un arancel general del 25% por parte del gobierno estadounidense, pero la presidenta Sheinbaum logró evitarlo con una gestión diplomática eficaz.
A esto se suma el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dirigida por Juan Ramón de la Fuente, quien ha señalado que los cambios en la política estadounidense han generado nuevas dinámicas comerciales y económicas, obligando a México a adaptarse con inteligencia y rapidez.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con su nuevo Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas, busca garantizar que las inversiones lleguen y generen empleo de calidad, innovación y bienestar en las comunidades. Su presidente, Max Elmann Arazi, subrayó que la relocalización de empresas representa una oportunidad única que no debe desaprovecharse.
El mensaje es claro: México no solo debe atraer inversiones, sino asegurarse de que estas generen valor real para la población. La 4T ha demostrado que puede negociar en los más altos niveles internacionales y defender los intereses del país. Ahora, el reto es transformar estas oportunidades en desarrollo sostenible, empleos bien pagados y un crecimiento económico equitativo.