Reformas al Infonavit buscan erradicar corrupción y garantizar transparencia
La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, anunciaron un paquete de reformas a las leyes del organismo con el objetivo de erradicar las prácticas de corrupción que marcaron administraciones anteriores a la Cuarta Transformación. Durante la conferencia matutina, la mandataria y el funcionario detallaron los alcances de estas modificaciones, las cuales buscan fortalecer la transparencia y la fiscalización en el manejo de los recursos de los trabajadores.
Octavio Romero Oropeza explicó que el Infonavit cuenta con una estructura de dirección tripartita, integrada por representantes del gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores. Sin embargo, destacó que los dos últimos sectores han obstaculizado investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), evitando sanciones y favoreciendo prácticas irregulares. Este esquema, señaló, ha limitado el papel de la dirección general en la toma de decisiones, otorgando prerrogativas y altos ingresos a los representantes de empresarios y trabajadores.
El director del Infonavit reveló que el representante de los trabajadores percibe un ingreso mensual de 271 mil pesos, mientras que el del sector empresarial gana 262 mil pesos, cantidades significativamente superiores al salario de la presidenta Sheinbaum, quien percibe alrededor de 140 mil pesos al mes. Además, señaló que estos representantes reciben entre 60 y 90 mil pesos adicionales por cada sesión a la que asisten, ya sea del consejo de administración, de la asamblea general o de otros órganos internos del instituto.
Sheinbaum enfatizó que estas reformas son fundamentales para garantizar que el uso de los recursos del Infonavit sea transparente y eficiente. Señaló que el principal propósito es proteger los fondos de ahorro de los trabajadores y asegurar que estos recursos se destinen a facilitar el acceso a una vivienda digna. La presidenta también destacó la necesidad de incluir a desarrolladores privados en la construcción de vivienda social, cumpliendo así con la misión central del instituto.
En cuanto a las responsabilidades por los actos de corrupción, Sheinbaum señaló que se presentarán denuncias penales contra quienes resulten responsables. Las irregularidades incluyen casos graves, como la venta de una misma vivienda a múltiples compradores, lo que involucra a directivos, trabajadores del Infonavit, notarios públicos y otros actores. La mandataria dejó claro que estas acciones se llevarán a cabo sin importar los resultados de futuras investigaciones.
Por su parte, Romero Oropeza sostuvo que las reformas no buscan afectar el fondo de ahorro de los trabajadores ni eliminar el esquema tripartito, como han argumentado algunos opositores y representantes empresariales. Aseguró que la nueva ley permitirá implementar mayores controles y una vigilancia más estricta de los recursos, lo que garantizará un manejo transparente y responsable del patrimonio de los trabajadores. Asimismo, subrayó que con estas modificaciones, la ASF podrá auditar los fondos del instituto, algo que actualmente no es posible debido a la estructura organizativa.
Diversos sectores han expresado su rechazo a las reformas, argumentando que podrían poner en riesgo el equilibrio tripartito del Infonavit. Sin embargo, el director del organismo reafirmó que estas medidas son necesarias para acabar con las prácticas de corrupción que han perjudicado a los trabajadores durante años. Además, señaló que con una fiscalización efectiva y una mayor transparencia, se fortalecerá la confianza en el instituto y se garantizará que los recursos se utilicen para el propósito para el que fueron creados: otorgar vivienda digna a los trabajadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su intervención reiterando su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en el Infonavit. Aseguró que su administración no tolerará más abusos y que se buscará justicia para los trabajadores afectados por las malas prácticas del pasado. Las reformas, afirmó, representan un paso firme hacia una administración más justa y eficiente de los recursos de los trabajadores mexicanos.