Reforma al Poder Judicial: ajustes en pensiones de jueces y magistrados generan impacto millonario

Tras la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó modificaciones al plan de pensiones complementarias de jueces y magistrados, eliminando el requisito de ratificación en el cargo y reduciendo los años de servicio necesarios para obtener este beneficio. Con estas nuevas disposiciones, el impacto económico anual ascenderá a más de mil 13 millones de pesos, beneficiando potencialmente a 557 juzgadores.

Beneficios ampliados

La más reciente modificación, aprobada el 30 de octubre, establece que jueces y magistrados podrán acceder a una pensión complementaria, siempre que cuenten con seis años de ejercicio en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y sean beneficiarios de una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Este cambio elimina el requisito previo de 25 años de servicio y la necesidad de ratificación en el cargo, lo que facilita el acceso a estos beneficios incluso para quienes se jubilen antes de los 55 años.

Según datos del CJF, 428 magistrados y 129 jueces cumplen con los requisitos de edad y años de servicio. Además, más de mil 150 titulares del Poder Judicial tienen al menos seis años de experiencia en el cargo, aunque no todos son elegibles bajo las nuevas disposiciones.

Impacto presupuestal

El costo de las reformas al sistema de pensiones complementarias, iniciadas en septiembre y ampliadas en octubre, alcanzará mil 13 millones 765 mil 645 pesos anuales. Esto representa un incremento de 304 millones de pesos respecto a la estimación inicial realizada tras la primera reforma del 11 de septiembre.

Las pensiones complementarias, diseñadas para sumarse a las otorgadas por el Issste, representan entre el 26 y el 80 por ciento del ingreso de los jueces y magistrados, dependiendo de su antigüedad y edad al momento del retiro. Por ejemplo, quienes se retiren con menos de 25 años de servicio recibirán un porcentaje reducido de esta pensión, disminuyendo un punto porcentual por cada año faltante para alcanzar los 25 años de carrera.

Justificación de los cambios

La eliminación del requisito de ratificación, implementada tras la reforma constitucional del 15 de septiembre, es uno de los pilares de este nuevo esquema. Anteriormente, los jueces y magistrados debían ser ratificados tras seis años de servicio, acreditando una evaluación satisfactoria y no haber incurrido en faltas graves. Con las modificaciones, basta con seis años de ejercicio jurisdiccional para acceder al beneficio.

Según la propuesta presentada por el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, la homologación de las condiciones de las pensiones complementarias con las reconocidas en la Ley del Issste busca garantizar igualdad y reconocimiento a la trayectoria de los juzgadores.

Perspectivas y críticas

Si bien la reforma responde a las demandas de jueces y magistrados durante los movimientos de protesta contra los cambios al Poder Judicial, también ha generado debate por su impacto económico. Los ajustes representan un gasto significativo para la Judicatura, con implicaciones en la suficiencia presupuestaria del sistema.

Con este esquema, el CJF busca garantizar el retiro digno de los juzgadores, fortaleciendo su independencia y reconocimiento profesional. Sin embargo, el reto estará en equilibrar estas reformas con la sostenibilidad financiera del Poder Judicial, en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de los recursos públicos.