Reforma a la Ley Minera en México: Protegiendo el medio ambiente y los derechos humanos
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, explicó a los diputados de Morena en una reunión privada de trabajo que la reforma a la Ley Minera establece nuevas obligaciones para las empresas mineras. Si estas no cuentan con permisos vigentes de uso de agua para minería o si hay un riesgo de daño al equilibrio ecológico, las concesiones serán canceladas. La iniciativa también incluye tipificar como delitos la extracción ilegal de minerales y la falta de seguridad de los mineros.
Las comisiones unidas de Energía y Economía de la Cámara de Diputados discutirán el proyecto de dictamen este lunes y Morena estima que la reforma pueda ser discutida en el pleno el jueves. La iniciativa establece que las mineras deben realizar un estudio de impacto social de sus actividades y aplicar medidas de prevención, mitigación y compensación señaladas en el dictamen de concesión que emita la dependencia.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la iniciativa prevé la presentación de una carta de crédito antes del otorgamiento del título de concesión. Las mineras también deben informar a la Secretaría de Economía cuando se advierta la presencia de otros minerales o sustancias no autorizadas en su permiso y entregarlos a la dependencia. La reforma también busca obligar a las empresas a designar un ingeniero responsable del cumplimiento de normas de seguridad y no construir depósitos en lugares que puedan afectar a núcleos de población.
La reforma establece que para autorizar una concesión, se deben garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por medio de una consulta pública, cuyo costo debe ser cubierto por la persona que solicite la autorización. La iniciativa también tipifica como delito la enajenación o el tráfico de minerales y exhibir documentación falsa para obtener o conservar una concesión.
Entre las causales de cancelación se incluyen la falta de pago de contribuciones, la no realización de trabajos objeto de la concesión en dos años consecutivos y la falta de presentación del plan de cierre de mina, el cual tendrá que autorizar la Secretaría de Economía. Las mineras tendrán que presentar informes semestrales hasta el cierre y ejecutar las medidas de prevención, mitigación o compensación cuantificadas en el dictamen de impacto social o cuando se presenten afectaciones no previstas. Además, la iniciativa amplía de cinco a 10 años el plazo para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y establece que las obligaciones relacionadas con los derechos humanos son imprescriptibles.