Reforma a la Ley General de Aguas fortalece el derecho humano y la rectoría del Estado: Conagua
Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reafirmó este domingo que la Reforma a la Ley General de Aguas no implica la desaparición del organismo, sino por el contrario, representa un fortalecimiento institucional y técnico de su papel como autoridad rectora en la gestión de los recursos hídricos del país. La iniciativa del Ejecutivo Federal busca consolidar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado y promover un uso sustentable, justo y eficiente del vital líquido.
De acuerdo con Conagua, la propuesta de reforma tiene tres ejes fundamentales: garantizar el acceso al agua y al saneamiento con un enfoque de derechos humanos; ordenar el régimen de concesiones para evitar abusos y especulación; y recuperar la rectoría del Estado para garantizar la seguridad hídrica de las generaciones actuales y futuras.
“La iniciativa busca una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— y el fortalecimiento de los organismos operadores, para asegurar el acceso al agua para consumo personal y doméstico”, destacó la institución en un comunicado.
En cuanto a los derechos de los actuales usuarios del agua, Conagua fue enfática: “Ninguna ley es retroactiva”. Todos los usuarios con títulos vigentes conservarán sus derechos, y las prórrogas continuarán otorgándose con las mismas características y duración. De igual manera, se aclaró que la reforma no promueve la expropiación ni la especulación de títulos de concesión, sino que busca brindar certeza jurídica, combatir el acaparamiento y sancionar actos de corrupción en el uso del agua.
Un aspecto central de la iniciativa es que el agua deja de considerarse una mercancía: se prohíbe su transmisión entre particulares y el cambio de uso sin la autorización de Conagua, reafirmando el carácter público y estratégico del recurso hídrico.
En el caso del sector agrícola, Conagua subrayó que no se vulneran sus derechos. Por el contrario, se impulsa la tecnificación del riego, el acceso a programas como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), y se respeta la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego, conforme a sus propios reglamentos. Esto garantiza que los productores continúen administrando las aguas concesionadas de forma independiente y eficaz.
La iniciativa también eleva las sanciones administrativas por el uso indebido del recurso y tipifica los delitos hídricos, sin criminalizar a los usuarios. Estas medidas buscan prevenir prácticas que atenten contra la equidad en la distribución del agua y que fomenten su explotación con fines lucrativos o corruptos.
Finalmente, la reforma promueve una gestión integral y sustentable del agua, el rehúso del recurso bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, y una mayor corresponsabilidad entre autoridades y concesionarios.
Conagua reiteró que el proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo ratifica el compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento para toda la población, sin distinciones y con visión de justicia social y ambiental.