Recorte al Poder Judicial: ¿Atentado contra la justicia o reordenamiento necesario?
Recorte al Poder Judicial: ¿Atentado contra la justicia o reordenamiento necesario?
Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) alzó la voz frente al recorte presupuestal de más de 13 mil millones de pesos aprobado para el Poder Judicial de la Federación (PJF), una medida que, según la organización, impactará severamente la operatividad de juzgados y tribunales federales, así como el acceso de los ciudadanos a la protección de sus derechos.
En un comunicado, la JUFED advirtió que este recorte del 17.1% en los recursos asignados para 2025, dejando al PJF con un presupuesto total de apenas 62 mil millones de pesos, representa un golpe crítico para el sistema judicial. “Esto se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales”, expresó la asociación, destacando además que las condiciones laborales de juzgadores y trabajadores también se verán afectadas por la reducción de derechos adquiridos, como el Fondo de Retiro Individual (FORI) y el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI).
Protestas en puerta y denuncias de inconstitucionalidad
Frente a este escenario, los trabajadores judiciales han decidido manifestarse, emulando las movilizaciones de 2024. La JUFED, aunque reiteró su respeto hacia estas acciones, subrayó la gravedad de las afectaciones que enfrentará el sistema de justicia. Este recorte presupuestal no es el único obstáculo, ya que se suma a lo que consideran una reforma inconstitucional que disuelve al PJF para implementar un modelo de elección popular de juzgadores.
Según la JUFED, esta reforma, materializada por la autoridad electoral, está plagada de vicios que comprometen la imparcialidad y operatividad del sistema judicial. “El modelo de elección popular ha demostrado estar colmado de vicios graves que abren la puerta a la compra de votos, desinterés ciudadano y una vulnerabilidad jurídica para los ciudadanos”, señaló la asociación, alertando que esta reforma podría violar suspensiones de amparo en curso.
La organización denunció que la estrategia de “asfixia presupuestal” parece estar coordinada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, generando un desequilibrio entre poderes que vulnera los principios constitucionales de autonomía y justicia imparcial. “Con estas acciones, la autoridad electoral busca someter la impartición de justicia a intereses políticos y fácticos, anulando el equilibrio de poderes que garantiza nuestra Constitución”, añadió el comunicado.
La justicia, entre la austeridad y la crítica
El recorte al PJF ocurre en un contexto donde la política de austeridad impulsada por el Gobierno de México ha priorizado la reorientación de recursos hacia programas sociales y proyectos emblemáticos. Sin embargo, la JUFED insiste en que la reducción presupuestal pone en riesgo la capacidad del sistema judicial para responder a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en un momento donde la resolución de conflictos legales resulta clave para garantizar los derechos de las personas.
Ante este panorama, las movilizaciones de trabajadores y la defensa de sus derechos podrían convertirse en el epicentro de un debate nacional que definirá el futuro del sistema judicial en México. Mientras tanto, la JUFED hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y consciente de las implicaciones que estas decisiones tendrán en el acceso a la justicia.
Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) alzó la voz frente al recorte presupuestal de más de 13 mil millones de pesos aprobado para el Poder Judicial de la Federación (PJF), una medida que, según la organización, impactará severamente la operatividad de juzgados y tribunales federales, así como el acceso de los ciudadanos a la protección de sus derechos.
En un comunicado, la JUFED advirtió que este recorte del 17.1% en los recursos asignados para 2025, dejando al PJF con un presupuesto total de apenas 62 mil millones de pesos, representa un golpe crítico para el sistema judicial. “Esto se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales”, expresó la asociación, destacando además que las condiciones laborales de juzgadores y trabajadores también se verán afectadas por la reducción de derechos adquiridos, como el Fondo de Retiro Individual (FORI) y el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI).
Protestas en puerta y denuncias de inconstitucionalidad
Frente a este escenario, los trabajadores judiciales han decidido manifestarse, emulando las movilizaciones de 2024. La JUFED, aunque reiteró su respeto hacia estas acciones, subrayó la gravedad de las afectaciones que enfrentará el sistema de justicia. Este recorte presupuestal no es el único obstáculo, ya que se suma a lo que consideran una reforma inconstitucional que disuelve al PJF para implementar un modelo de elección popular de juzgadores.
Según la JUFED, esta reforma, materializada por la autoridad electoral, está plagada de vicios que comprometen la imparcialidad y operatividad del sistema judicial. “El modelo de elección popular ha demostrado estar colmado de vicios graves que abren la puerta a la compra de votos, desinterés ciudadano y una vulnerabilidad jurídica para los ciudadanos”, señaló la asociación, alertando que esta reforma podría violar suspensiones de amparo en curso.
La organización denunció que la estrategia de “asfixia presupuestal” parece estar coordinada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, generando un desequilibrio entre poderes que vulnera los principios constitucionales de autonomía y justicia imparcial. “Con estas acciones, la autoridad electoral busca someter la impartición de justicia a intereses políticos y fácticos, anulando el equilibrio de poderes que garantiza nuestra Constitución”, añadió el comunicado.
La justicia, entre la austeridad y la crítica
El recorte al PJF ocurre en un contexto donde la política de austeridad impulsada por el Gobierno de México ha priorizado la reorientación de recursos hacia programas sociales y proyectos emblemáticos. Sin embargo, la JUFED insiste en que la reducción presupuestal pone en riesgo la capacidad del sistema judicial para responder a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en un momento donde la resolución de conflictos legales resulta clave para garantizar los derechos de las personas.
Ante este panorama, las movilizaciones de trabajadores y la defensa de sus derechos podrían convertirse en el epicentro de un debate nacional que definirá el futuro del sistema judicial en México. Mientras tanto, la JUFED hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y consciente de las implicaciones que estas decisiones tendrán en el acceso a la justicia.