Reafirma Gobierno compromiso con justicia ambiental en Río Sonora
Ciudad de México.– A casi once años del derrame tóxico de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto de 2014 en el Río Sonora, comunidades afectadas continúan exigiendo justicia ambiental y reparación integral, mientras el Gobierno de México reafirma su voluntad de atender este caso histórico de contaminación ambiental, provocado por la empresa minera Grupo México.
El desastre, originado por la mina Buenavista del Cobre, impactó directamente la vida y salud de más de 22 mil personas en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. A la fecha, habitantes de la región siguen denunciando la presencia de metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio en la sangre de niños, mujeres y hombres, sin que hayan recibido atención médica especializada ni el seguimiento adecuado de sus casos.
Antonio Romo, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, lamentó que durante años prevalecieron la omisión y la falta de acciones concretas por parte de gobiernos anteriores, señalando el incumplimiento de compromisos como la construcción de 36 plantas potabilizadoras y un hospital, promesas hechas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que nunca se materializaron. Según Romo, solo se remodelaron diez instalaciones preexistentes, y ninguna cuenta con filtros para eliminar metales pesados.
En contraste, durante la actual administración federal encabezada por la Presidenta de la República, sí se ha logrado un primer avance tangible con la instalación de una garrafonera en San Rafael de Ures, destinada al abasto de agua potable segura para los habitantes, lo cual refleja el compromiso del Gobierno de México con el bienestar de las comunidades afectadas.
Además, el pasado 20 de mayo se llevó a cabo una reunión clave entre representantes de los comités ciudadanos y autoridades de los gobiernos federal y estatal, en la cual se acordó trabajar de manera conjunta en tres ejes fundamentales: salud, agua potable y remediación ambiental. Los comités propusieron además un cuarto eje: garantías de no repetición y rendición de cuentas, con el objetivo de establecer mecanismos que eviten tragedias similares en el futuro.
Si bien hasta ahora no se han definido calendarios específicos ni responsables designados, el gobierno federal mantiene una disposición abierta al diálogo y a la acción, con base en estudios e investigaciones acumuladas durante años. La situación, heredada de pasadas administraciones, requiere soluciones de fondo, y el Estado mexicano ha dado pasos importantes al reconocer públicamente la gravedad del daño y al entablar un proceso participativo con la ciudadanía.
El Gobierno de México, en apego a los principios de justicia social y derechos humanos, reitera su exigencia a Grupo México de asumir plenamente su responsabilidad, y hace un llamado a la empresa a participar en la reparación integral del medio ambiente y la protección de la salud de las comunidades. Solo así se podrá saldar la deuda histórica con los pueblos del Río Sonora y avanzar hacia una verdadera justicia ambiental.