Querétaro: Fiscalía acusa a adolescente de homicidio tras aborto espontáneo y omite acción contra su violador
El caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años de Huimilpan, Querétaro, ha suscitado indignación y un fuerte reclamo por parte de colectivos feministas y autoridades federales. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro busca sentenciarla a tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos, tras haber sufrido un aborto espontáneo de un embarazo resultado de una violación. Esta denuncia ha sido presentada por Mayra Dávila Alvarado, representante del colectivo feminista Adax Digitales, quien cuestiona la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia en el estado.
Esmeralda fue víctima de una agresión sexual a manos de un joven de 17 años, quien, según relata la activista, no fue denunciado inicialmente debido a las amenazas que el agresor lanzó contra la joven. Sin embargo, cuando Esmeralda sufrió el aborto involuntario, fue llevada a un centro de salud donde se confirmó que la interrupción del embarazo había ocurrido de forma espontánea. La FGE determinó que el feto tenía 36 semanas de gestación y concluyó que habría fallecido por asfixia, lo que derivó en el inicio de una investigación por “homicidio calificado” en contra de la adolescente, sin considerar la falta de atención médica previa y las circunstancias de abuso y vulnerabilidad que rodearon el embarazo.
A pesar de contar con un dictamen médico que señala que el feto nació sin vida, el Poder Judicial del Estado vinculó a Esmeralda a un proceso penal y le impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria, mientras se aguarda la fecha de su juicio. La activista Mayra Dávila ha expresado su intención de defenderla con el apoyo de Adax Digitales, advirtiendo que el colectivo utilizará todos los recursos legales para evitar que se consume lo que califican como una injusticia.
Citlali Hernández, secretaria de Mujeres a nivel federal, condenó la actuación de la FGE de Querétaro. En sus redes sociales, Hernández señaló que “es inaudito e ilegal” que se busque castigar económicamente y con prisión a una menor en un contexto de abuso y violación, mientras que el agresor permanece sin sanción, ya que la FGE optó por no ejercer acción penal en su contra. La funcionaria aseguró que solicitará una mesa de trabajo con el gobernador Mauricio Kuri González, el Instituto de las Mujeres estatal, y la representación legal de la menor, para garantizar una revisión exhaustiva del caso.
La dirigente de Adax Digitales recordó que, a pesar de las recomendaciones hechas a la anterior legislatura de mayoría panista en Querétaro para eliminar los artículos que criminalizan a mujeres que interrumpen un embarazo, la petición fue ignorada. Esta criminalización sigue vigente en los artículos 136 al 142 del Código Penal estatal, los cuales, según Dávila, continúan castigando a mujeres y activistas que las apoyan.
En septiembre pasado, el colectivo Adax Digitales y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) lograron un amparo federal que declara inconstitucionales siete artículos del Código Penal de Querétaro, al considerar que violan derechos humanos al sancionar a mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. Ante esta situación, Dávila enfatizó que en un estado donde las leyes siguen sin reformarse en esta materia, su colectivo continuará denunciando públicamente el acoso judicial y la falta de protección a las mujeres y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
El caso de Esmeralda, un ejemplo desgarrador de la necesidad de aplicar justicia con enfoque de género y respeto a los derechos humanos, ha sacudido a la sociedad queretana. Integrantes de Adax Digitales realizaron una protesta en el jardín Zenea, donde exhibieron un “tendedero” con los nombres de deudores alimentarios y reiteraron su demanda a la nueva legislatura estatal para que revise las disposiciones penales que actualmente criminalizan a mujeres en Querétaro.