Pueblos Unidos alzan la voz: Exigen justicia ambiental y el fin del envenenamiento sistemático en México
Ciudad de México. En la histórica basílica de Ocotlán, Tlaxcala, se celebró ayer el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, un espacio que reunió a 186 activistas y representantes de 65 organizaciones comunitarias provenientes de 18 estados de la República. El evento marcó un llamado urgente para detener el daño ambiental y social causado por actividades industriales y extractivas que afectan a las comunidades en todo el país.
Los participantes denunciaron que sus territorios sufren una crisis de salud pública, con enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la acumulación de sustancias tóxicas. Estas, explicaron, son resultado de tecnologías nocivas, urbanización descontrolada y proyectos extractivos que despojan a las comunidades de sus derechos básicos.
Entre las principales demandas se incluyó la cancelación del proyecto Ecoparque Tlalli Malinche en Puebla, al que calificaron como “turístico y destructivo”, y el cese del ingreso de materiales radiactivos al municipio de Temascalapa, Estado de México. Asimismo, exigieron que se prohíba la entrada al país de insecticidas que dañan a las abejas, fundamentales para los ecosistemas, y se detenga la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
En el ámbito legislativo, pidieron al Congreso federal modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) para incluir la figura de “entidad federativa envenenada”, solicitando que el estado de Yucatán sea el primero en obtener esta declaración. Esto, señalaron, debido a la contaminación provocada por industrias pecuarias, cerveceras, agroexportadoras y turísticas, que han impactado gravemente a los municipios de la región del Anillo de Cenotes, donde sobreviven pueblos originarios.
La Red también exigió el cierre definitivo de granjas porcícolas y avícolas en Yucatán, denunciando que estas actividades ponen en riesgo los recursos geohidrológicos de la región y la vida de 53 municipios indígenas.
En un contundente comunicado, los activistas señalaron que México se encuentra “firmemente subordinado a las necesidades económicas y comerciales de Estados Unidos”, lo que ha llevado a un envenenamiento sistemático en todos los sectores económicos y territorios del país. Esta situación, indicaron, afecta derechos fundamentales como la salud, el acceso a un ambiente sano, la biodiversidad, el agua, la alimentación, y el derecho a la justicia y la paz.
Entre las organizaciones presentes se destacaron la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, con delegaciones de Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí; los Comités de Cuenca Río Sonora; el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca; y la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Yucatán y Huasteca Potosina.
Este encuentro, además de visibilizar las luchas locales, hizo un llamado al gobierno federal para tomar medidas concretas y proteger a las comunidades de los efectos devastadores de las actividades industriales y extractivas. “No se trata solo de la defensa de nuestros territorios, sino de garantizar un futuro para nuestras generaciones”, concluyeron los asistentes, quienes reiteraron su compromiso de continuar resistiendo en unidad.