Pueblo indígena resiste megaproyecto contaminante en Sinaloa
En un claro ejemplo de lucha por la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y colectivos ecologistas alzaron la voz contra la reciente inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en la bahía de Ohuira, Sinaloa, donde la empresa Gas Petroquímica de Occidente (GPO) pretende construir una planta de amoniaco.
El Colectivo Aquí No, representado por la activista e indígena Melina Sandoval Ochoa, denunció que la visita de la Profepa no incluyó consulta alguna a las comunidades mayo-yorome ni a los grupos ambientalistas que han promovido recursos legales en contra del megaproyecto. Sandoval subrayó que estas omisiones violan la ley ambiental y los compromisos internacionales de México, además de contradecir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en 2022, que exigió una consulta previa, libre e informada a las 15 comunidades afectadas antes de que se otorgue cualquier permiso a la empresa.
La delegación de la Profepa, enviada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevó a cabo la semana pasada una evaluación técnica sobre los permisos ambientales y revisó la situación jurídica de las concesiones en la zona federal marítimo-terrestre, así como el cumplimiento normativo de la compañía. A pesar de los antecedentes legales y las denuncias ciudadanas, Marco Antonio Moreno León, nuevo titular de la Profepa en Sinaloa, aseguró que GPO cumple con los requerimientos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), argumentando que la planta no causa alteraciones significativas al medio ambiente, lo que fue calificado por Sandoval como una defensa injustificada del proyecto.
En contraste, la propia MIA presentada por la empresa transnacional reconoce que la planta reducirá la calidad del aire, del agua, la cobertura vegetal y afectará negativamente a la fauna marina y terrestre. También se prevén impactos como el desplazamiento de iguanas negras y aves migratorias, así como la alteración de suelos lacustres y áreas de manglar, ecosistemas esenciales para la región.
Melina Sandoval denunció que ya se cometió un crimen ambiental, al talarse, secarse y rellenarse un humedal de gran valor espiritual para los pueblos mayo-yorome, el cual además sustenta la actividad pesquera de más de 4 mil trabajadores del mar. “No queremos que los municipios de Topolobampo, Ahome y Los Mochis se conviertan en una zona de sacrificio”, expresó con firmeza.
Las comunidades indígenas y colectivos han interpuesto diversos recursos legales y sociales para detener el avance de esta planta, que consideran una amenaza directa no solo para el medio ambiente, sino para la salud, el bienestar y la cultura de sus habitantes. La defensa de sus territorios y modos de vida continúa, a pesar de las omisiones institucionales y la presión de intereses empresariales.