Privilegios Judiciales: El Último Bastión del Poder Conservador
El reciente ajuste aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a los planes de pensiones complementarias para jueces y magistrados es un nuevo recordatorio de cómo ciertos sectores del Poder Judicial se resisten a perder sus privilegios. Este movimiento se inscribe en un contexto donde la Reforma al Poder Judicial impulsada por la Cuarta Transformación ha expuesto las profundas grietas de un sistema que, en lugar de proteger la justicia, parece diseñado para perpetuar prebendas y blindar intereses particulares.
Las modificaciones al plan de pensiones —que incluyen reducciones de edad de retiro y tiempo de servicio— son un claro intento de acelerar el saqueo de los recursos millonarios acumulados en fideicomisos irregulares. Con estas acciones, más de 500 juzgadores podrán jubilarse con pensiones vitalicias que se suman a los haberes garantizados por el ISSSTE, consolidando un sistema de beneficios que contrasta con la austeridad que demanda la realidad nacional. Este escenario, como advirtió el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, no es casualidad: es una maniobra desesperada de quienes ven en la Reforma Judicial una amenaza a sus privilegios.
Amparos: Herramientas de Resistencia al Cambio
La Reforma Judicial enfrenta una resistencia activa y organizada. Desde los intentos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de frenar la reforma constitucional hasta los amparos promovidos por jueces de diversas entidades, se evidencia un patrón: el uso del marco legal como escudo para evitar la democratización y la rendición de cuentas.
Es revelador que Felipe Fuentes Barrera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), haya presentado un proyecto que desmonta esta estrategia. Al señalar que los amparos son improcedentes en materia electoral, Fuentes Barrera allana el camino para que las y los juzgadores sean electos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Esta medida no solo fortalece el principio democrático, sino que desactiva los mecanismos ilegales utilizados para frenar la reforma.
De aprobarse este proyecto, no solo quedarán invalidados los amparos promovidos de forma irregular, sino que también se garantizará la continuidad del proceso democrático que busca transformar el Poder Judicial desde sus cimientos. Es un paso hacia la consolidación de un sistema más transparente y menos elitista, que responde al interés colectivo y no a los intereses de una cúpula judicial.
El Costoso Precio de los Privilegios Judiciales
Los números detrás de las modificaciones a los planes de pensiones son escandalosos. La primera reforma, aprobada en septiembre, ya representaba un impacto presupuestal anual de más de 700 millones de pesos. Con la reciente modificación, la cifra se dispara a más de mil millones de pesos. Este gasto exorbitante no tiene justificación en un país donde la desigualdad sigue siendo uno de los principales retos, y donde las pensiones para la mayoría de los trabajadores se ven mermadas por un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos.
Las acciones del CJF dejan claro que, para una parte significativa del Poder Judicial, la justicia social y el sentido republicano son conceptos lejanos. Estos juzgadores han optado por asegurar su retiro dorado antes de ceder ante las transformaciones impulsadas por un gobierno que busca poner fin a la corrupción y los privilegios.
Resulta aún más indignante que estos movimientos se realicen bajo el pretexto de “armonizar” el sistema de pensiones, cuando en realidad solo se busca drenar los recursos acumulados en fideicomisos que han operado durante años sin la debida fiscalización.
El Papel de la Suprema Corte: Un Obstáculo a la Justicia
No puede pasarse por alto el rol que ha jugado la SCJN en esta batalla. Al autootorgarse la facultad de revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, los ministros de la Corte han actuado como un poder por encima del poder soberano del pueblo. Esta postura no solo es jurídicamente cuestionable, sino que también evidencia el temor de la élite judicial a perder su control sobre un sistema que han manipulado durante décadas.
La reforma impulsada por la Cuarta Transformación no busca otra cosa que democratizar el Poder Judicial, hacerlo más cercano a la gente y menos propenso a los excesos y abusos. La elección popular de jueces y magistrados es una medida que fortalece la transparencia y permite que los juzgadores rindan cuentas ante quienes realmente importan: los ciudadanos. Sin embargo, este avance se ha topado con una muralla de intereses creados que ven en la reforma una amenaza a su estatus quo.
La Justicia Como Bien Colectivo
En el fondo, esta confrontación no es solo sobre la reforma en sí, sino sobre qué modelo de justicia queremos para México. El modelo actual, defendido por quienes se aferran a los privilegios, es un modelo elitista, opaco y desconectado de la realidad social. Por otro lado, la reforma propuesta por la Cuarta Transformación busca construir un sistema donde la justicia sea verdaderamente un bien colectivo, accesible y transparente.
Los juzgadores que intentan frenar la reforma con amparos y maniobras legales no representan los intereses del pueblo, sino los de una élite que se resiste a rendir cuentas. Sus acciones, lejos de defender la justicia, la desvirtúan, al utilizar las leyes para proteger sus propios beneficios.
Un Llamado a la Transformación
La Reforma Judicial no es solo una necesidad, sino una obligación moral para un país que aspira a ser más justo y equitativo. Las acciones del CJF, las maniobras de la SCJN y la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial solo demuestran cuán arraigados están los privilegios y cuánto trabajo queda por hacer para erradicarlos.
El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera es una luz de esperanza en este panorama. Si se aprueba, no solo invalidará los amparos ilegales, sino que también marcará un precedente importante en la lucha por democratizar el Poder Judicial. Este avance, junto con la consolidación de la Reforma Judicial, puede sentar las bases de un sistema más justo, menos corrupto y más comprometido con los ideales republicanos que dieron origen a nuestra Constitución.
El camino no será fácil, pero es imprescindible. México necesita un Poder Judicial que realmente defienda los intereses del pueblo, no los privilegios de unos cuantos. Es hora de transformar la justicia para que sea lo que siempre debió ser: un derecho, no un privilegio.