Privatizaron el futuro: Zedillo, Calderón y el despojo de las pensiones

En un país donde las grandes decisiones económicas se disfrazan de modernización, pocas han resultado tan nefastas para el pueblo mexicano como la privatización del sistema de pensiones. Bajo el manto de una supuesta justicia y progreso, los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón ejecutaron uno de los mayores saqueos institucionalizados contra los trabajadores del país: la entrega del ahorro para el retiro al capital financiero.

Zedillo, que ahora ciertos intelectuales como Enrique Krauze pretenden ensalzar como “demócrata” o incluso “verdadero hijo del 68”, fue el artífice de esta infamia al reformar en 1995 la Ley del IMSS, dando paso en 1997 al sistema de Afore para los trabajadores del Apartado A. Diez años después, Calderón, otro “impresentable” de la derecha, completó el atraco con una reforma similar al ISSSTE, afectando a los trabajadores del Apartado B, es decir, a millones de servidores públicos.

Ambas reformas fueron vendidas como “la gran solución social” al México moderno. Zedillo llegó a declarar con cinismo que las Afore garantizaban un “sistema justo, transparente y moderno” que colocaría las pensiones mexicanas “a la altura de las mejores del mundo”. Pero la realidad ha demostrado lo contrario. Lo que se gestó fue un mecanismo de enriquecimiento para unos cuantos y un camino directo a la pobreza para millones de mexicanos que, tras décadas de trabajo, hoy reciben pensiones miserables.

Entre 2013 y marzo de 2025, las 10 Afore que operan actualmente han acumulado ganancias por más de 134 mil millones de pesos, resultado de comisiones extraídas directamente del ahorro de los trabajadores. En el mismo periodo, los ingresos por comisiones sumaron la obscena cifra de 371 mil 400 millones de pesos. En contraste, un maestro del sistema público recibe en promedio 6 mil 800 pesos de pensión mensual, apenas un tercio de lo que habría recibido antes de la reforma de 2007 promovida por Calderón. Es un saqueo con todas sus letras, con el sello del modelo neoliberal pinochetista que tanto admiran los defensores del libre mercado sin alma.

Las cifras son escalofriantes: hoy las Afore manejan alrededor de 7.2 billones de pesos pertenecientes a más de 68 millones de trabajadores. Y el control de ese gigantesco capital está concentrado en unas cuantas manos. Tres Afore —Coppel, Banamex y Azteca— concentran el 41.65% del total de cuentas. La primera, perteneciente a una familia que se declaró “calderonista de hueso colorado”, es la más grande del sistema. Banamex, una filial de la trasnacional Citibank, y Azteca, del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, completan el trío que controla el destino de casi 29 millones de trabajadores.

El espejismo de la competencia que tanto pregonaron Zedillo y Calderón se convirtió en otra concentración monopólica. En 1997 existían 24 Afore. Hoy quedan solo 10. Menos competencia, mayores comisiones y más ganancias para unos cuantos. Ese es el legado de los “modernizadores” del sistema de pensiones. Y para quienes dudan del fracaso del modelo, basta revisar lo sucedido en 2021, cuando se pensionó la primera generación bajo el esquema de cuentas individuales. Solo tres de cada diez trabajadores lograron acumular las semanas necesarias para recibir una pensión, y ésta fue menor a una tercera parte de su último salario.

Este atraco institucionalizado no se limitó a la privatización del ahorro. También se entregaron los servicios del IMSS y el ISSSTE a empresas privadas, mediante el esquema de subrogación. Se creó así un sistema paralelo en el que políticos, empresarios y familiares se enriquecieron al ofrecer servicios de salud con cargo al erario, mientras la infraestructura pública se deterioraba. La subrogación, al igual que las Afore, se convirtió en otro filón de oro para la oligarquía, mientras la clase trabajadora pagaba la cuenta.

Este es el verdadero rostro del neoliberalismo en México: ganancias privadas, pérdidas públicas; beneficios para el capital financiero, miseria para los trabajadores. No hay modernización posible que justifique una política económica que condena a millones a la precariedad en la vejez. Zedillo y Calderón deben ser recordados como lo que fueron: operadores del gran capital, ejecutores de políticas impuestas desde los organismos financieros internacionales, y verdugos del derecho a una jubilación digna.

Y mientras eso ocurría, los voceros del régimen —como el propio Enrique Krauze, siempre listo para justificar los desmanes de los suyos— se dedicaban a construir una narrativa heroica en torno a los arquitectos del despojo. No hay mayor mentira que la de presentar como “demócrata” a quien privatizó la seguridad social de todo un país. No hay mayor cinismo que el de convertir a los verdugos de la clase trabajadora en próceres de la república.

Afortunadamente, desde la llegada de la Cuarta Transformación se ha empezado a revertir este modelo perverso. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum han propuesto una reforma para mejorar las pensiones, creando un Fondo de Pensiones para el Bienestar que busca garantizar jubilaciones más dignas. Aunque este fondo aún enfrenta retos, representa un primer paso hacia la recuperación de un sistema de seguridad social verdaderamente justo y solidario.

Sin embargo, la tarea no termina ahí. Es urgente abrogar por completo la reforma al ISSSTE de 2007 y revisar a fondo el sistema de Afore para restituir un modelo público, solidario y equitativo de pensiones. El clamor del magisterio y de millones de trabajadores no puede seguir siendo ignorado: quieren justicia, no caridad; dignidad, no limosna.

En este contexto, la figura de Pepe Mujica, recientemente fallecido, cobra un simbolismo profundo. Mujica, hombre íntegro, congruente, y ejemplo moral para toda América Latina, representa todo lo contrario a los Zedillo, Calderón y demás tecnócratas sin alma: un liderazgo comprometido con el pueblo, con la justicia social y con la dignidad humana. Su legado debe inspirar a nuestros gobernantes a no claudicar ante los intereses del capital financiero y a poner siempre en el centro a los más desfavorecidos.

Porque en un país que aspira a ser verdaderamente democrático, no puede haber lugar para un sistema de pensiones que enriquece a los bancos y empobrece a los trabajadores. La historia ya juzga a los neoliberales. Hoy, el pueblo exige justicia.