Polémica: Congreso de Morelos Apoya a Fiscal Vinculado al Caso de Feminicidio de Ariadna
En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Congreso del estado de Morelos ha desatado controversia al promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en apoyo al fiscal Uriel Carmona Gándara, quien está vinculado a proceso por su presunta manipulación en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz el año pasado.
La medida ha desencadenado un debate acalorado en torno a la justicia y la responsabilidad en el sistema legal de México. El presidente de la mesa directiva del Congreso, el panista Francisco Sánchez Zavala, ha firmado el recurso 403/2023 en un intento de impugnar la aprehensión del fiscal Carmona. Sánchez Zavala basó su argumento en una declaración de la SCJN del mes pasado que afirmaba que el fiscal contaba con fuero, lo que requería un juicio de procedencia en la Legislatura morelense antes de su procesamiento.
Este movimiento del Congreso estatal ha generado críticas contundentes por parte de diversos sectores de la sociedad. Cinco de los 20 diputados que componen la 55 Legislatura de Morelos han decidido deslindarse del proceso legal en apoyo a Carmona. En un comunicado conjunto, los legisladores Mirna Zavala, Ariadna Barrera, Margarita Soriano y Arturo Pérez Flores del partido Morena, junto con Érika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas, han anunciado su decisión de no respaldar la medida tomada por el Congreso. Este desacuerdo entre los propios diputados resalta la complejidad y la división en torno a este caso.
La controversia también ha dejado en tela de juicio la independencia del sistema de justicia. El fiscal Uriel Carmona Gándara está siendo vinculado a proceso por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia, específicamente en relación con su actuación en el caso del feminicidio de Ariadna. Este caso conmocionó a la sociedad mexicana y desató protestas y llamados a la rendición de cuentas. La vinculación del fiscal al caso ha sido vista por muchos como una señal de corrupción y falta de transparencia en el sistema legal.
Sin embargo, la situación legal de Carmona ha tomado otro giro en medio de la controversia. Un juez de distrito en Morelos ha otorgado una nueva suspensión provisional al fiscal en contra de las órdenes de aprehensión, búsqueda y comparecencia que se han emitido en su contra como parte de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República. Esta suspensión viene con una condición: Carmona debe pagar una garantía de 20 mil pesos. A pesar de esta suspensión, las autoridades no están impedidas de continuar con las diligencias necesarias en el proceso judicial o en la integración de la carpeta de investigación.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, familiares y amigos de Ariadna Fernanda López Díaz han levantado su voz exigiendo una investigación exhaustiva. La manifestación se llevó a cabo en un espacio estratégico entre Palacio Nacional y la Corte, a pesar de la presencia de vallas metálicas que rodeaban ambos edificios públicos. Las protestas han sido impactantes, con manifestantes vistiendo prendas de color morado, el color emblemático de la lucha feminista. Las pancartas llevaban consignas como “Uriel, contra ti todo el peso de la ley” y “Pena máxima para Uriel”, reflejando la indignación y la demanda de justicia por parte de la sociedad.
Esta situación sigue desarrollándose y generando un intenso debate sobre la integridad del sistema de justicia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la importancia de garantizar que los crímenes, especialmente aquellos de naturaleza tan grave como los feminicidios, sean investigados y enjuiciados de manera transparente y justa. La controversia en torno a la aprehensión del fiscal Uriel Carmona Gándara ha puesto en primer plano los desafíos que enfrenta México en su búsqueda de la justicia y la equidad de género.