Plaguicidas peligrosos bajo la lupa: especialistas urgen acciones por la salud y el medio ambiente

En un llamado firme y sustentado, especialistas en salud ambiental y derechos humanos exhortaron a las autoridades mexicanas a tomar medidas contundentes para regular y reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), muchos de los cuales están prohibidos en países desarrollados por su alto nivel de toxicidad y los riesgos comprobados que representan para la salud humana y el equilibrio ecológico.

De acuerdo con una lista elaborada por organizaciones especializadas, en México están actualmente autorizados 210 ingredientes activos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, de los cuales 171 están prohibidos en Estados Unidos, Japón y diversas naciones de la Unión Europea. Así lo expuso el doctor Fernando Bejarano González, miembro de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), durante una conferencia de prensa ofrecida este martes.

Bejarano detalló que de los plaguicidas permitidos en el país, 67 presentan una toxicidad aguda muy alta y varios pueden provocar la muerte por simple inhalación. Además, 45 de estas sustancias están clasificadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como probables o posibles cancerígenos, mientras que 42 son reconocidos como tóxicos para la reproducción humana.

La preocupación también se extiende al impacto ambiental de estos productos. El experto destacó que 79 de estos plaguicidas son extremadamente tóxicos para las abejas, especie fundamental para la polinización y cuya desaparición ha sido denunciada por comunidades agrícolas en distintas regiones del país. Otros 17 plaguicidas resultan letales para organismos acuáticos, y 14 son altamente persistentes en el agua, el suelo o los sedimentos, lo que agrava la contaminación de los ecosistemas y afecta la biodiversidad.

En este contexto, Bejarano urgió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a implementar la recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta recomendación plantea la necesidad de crear programas sectoriales que avancen hacia la prohibición progresiva y la sustitución de estos plaguicidas por alternativas más seguras y sostenibles.

Entre las sustancias más peligrosas que deben prohibirse de manera prioritaria, Bejarano mencionó el insecticida fipronil y los neonicotinoides imidacloprid y tiametoxam, señalados como responsables de la muerte masiva de abejas. Estos productos ya han sido vetados en la Unión Europea por su severo impacto en los polinizadores.

Aurora Rojas, también autora del informe, advirtió sobre el insecticida clorpirifos etil, clasificado como un neurotóxico infantil y alterador hormonal, para el cual no existe una dosis segura de exposición. Por su parte, la investigadora Yael Bernal insistió en que el clorpirifos debe ser eliminado de la lista de insecticidas recomendados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, ante el grave riesgo que representa para la salud pública.

Este diagnóstico refuerza el compromiso del Gobierno de México de avanzar hacia una política agrícola y ambiental más responsable, que ponga en el centro el bienestar de las personas, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos.