Pensiones doradas: el legado del saqueo institucional
El saqueo al erario público a través de instituciones como el ISSSTE es una de las marcas indelebles de los regímenes que precedieron a la Cuarta Transformación. La reciente revelación de Martí Batres sobre las desproporcionadas y, en muchos casos, ilegales pensiones otorgadas a un grupo reducido de beneficiarios es solo una muestra de cómo el viejo sistema político y económico en México construyó un barril sin fondo en el que funcionarios, políticos y empresarios corruptos encontraron su botín. Este esquema no solo evidencia inequidad, sino también una complicidad estructural que involucra a instituciones como el Poder Judicial.
Desde su fundación en 1959, el ISSSTE ha sido el blanco perfecto para desvíos y abusos, como ocurrió también con el IMSS y otras instituciones clave del Estado mexicano. Los gobiernos neoliberales, que desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto impusieron un modelo privatizador y desregulador, no solo permitieron, sino que fomentaron esta clase de prácticas. Las cifras son insultantes: pensiones que alcanzan los 309 mil pesos mensuales, aprobadas de forma arbitraria, incluso en beneficio de funcionarios de instituciones extintas, como el Instituto Mexicano del Café. Este caso es especialmente ilustrativo del nivel de cinismo que imperó en esos años.
Los artífices del abuso
Es fundamental analizar el contexto histórico y los nombres de quienes ocuparon la dirección del ISSSTE durante las décadas en que se fraguaron estas pensiones doradas. En 1989, año del primer caso detectado, Emilio Lozoya Thalman estaba al frente del instituto. Este personaje, padre de Emilio Lozoya Austin (involucrado en el escándalo de Odebrecht), es un emblema del entramado político-económico que utilizó las instituciones públicas para su beneficio personal. A él le siguieron figuras igualmente cuestionables como Socorro Díaz Palacios, Miguel Ángel Yunes Linares y José Reyes Baeza Terrazas, entre otros. Todos ellos son exponentes de un sistema que permitió que se desviaran recursos destinados al bienestar de los trabajadores del Estado hacia los bolsillos de unos cuantos privilegiados.
La lista de beneficiarios de estas pensiones incluye desde altos funcionarios hasta docentes y directores generales que, a través de maniobras administrativas y jurídicas, lograron asegurar ingresos completamente fuera de la ley. Por ejemplo, una maestra de jardín de niños, beneficiada en la gestión de Díaz Palacios, recibe 210 mil pesos mensuales, una cantidad que excede por mucho el límite máximo permitido por la ley, fijado en 10 UMAs, equivalentes a 34 mil pesos mensuales.
El papel del Poder Judicial
Resulta alarmante que en seis de los diez casos revelados, el Poder Judicial haya sido cómplice al avalar pensiones ilegales. Esto subraya la necesidad urgente de una reforma profunda en este órgano, que históricamente ha protegido privilegios en lugar de garantizar justicia. La connivencia entre jueces y funcionarios corruptos es un factor determinante en la perpetuación de estos abusos. ¿Cómo confiar en un sistema judicial que, lejos de defender el interés público, facilita el saqueo de las finanzas de instituciones vitales como el ISSSTE?
El compromiso de la Cuarta Transformación con el combate a la corrupción no puede detenerse en la exposición de estos casos. Es imperativo revisar cada una de las 8 mil pensiones sospechosas identificadas por Martí Batres y proceder con su ajuste o cancelación. Este proceso no solo es una cuestión de legalidad, sino de justicia social. El dinero que hoy se destina a mantener estos privilegios podría emplearse para fortalecer los servicios de salud, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado y garantizar pensiones dignas para todos los mexicanos.
El costo del saqueo
Las cifras hablan por sí solas. Solo las diez pensiones doradas expuestas representan un gasto anual de más de 21 millones de pesos. En un sexenio, esta cifra asciende a 126 millones, dinero que podría destinarse a necesidades urgentes en un país donde la desigualdad sigue siendo uno de los principales desafíos. Si se suman las 8 mil pensiones irregulares mencionadas, el impacto financiero se vuelve incalculable. Esto no es un problema técnico, sino una herida abierta causada por décadas de políticas neoliberales que despojaron al Estado de su capacidad para garantizar el bienestar colectivo.
Un llamado a la justicia
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo han demostrado una voluntad inquebrantable para combatir la corrupción en todas sus formas. Sin embargo, los avances en esta materia deben acelerarse, especialmente en instituciones como el ISSSTE, cuya función es garantizar la seguridad social de millones de trabajadores y sus familias. El proceso de limpieza iniciado por la Cuarta Transformación es un paso crucial, pero la ciudadanía debe mantenerse alerta para evitar que estas prácticas regresen en el futuro.
La oposición, encabezada por personajes como Xóchitl Gálvez y los partidos tradicionales (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), ha intentado desviar la atención de estos casos, minimizando la gravedad del saqueo y defendiendo indirectamente un sistema que durante décadas les benefició. Su discurso, que se centra en atacar al actual gobierno, carece de propuestas reales para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas. En contraste, el actual gobierno ha puesto en el centro de su agenda la recuperación del Estado como garante del bienestar social.
Conclusión: la transformación continúa
La revelación de las pensiones doradas en el ISSSTE es un recordatorio de los estragos causados por el neoliberalismo y la corrupción institucionalizada. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene la responsabilidad de profundizar en la limpieza de estas estructuras y garantizar que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio colectivo. A medida que se desentierra más información sobre estas prácticas, queda claro que el legado de saqueo y privilegios debe ser erradicado de raíz.
En esta lucha, no solo está en juego la justicia para los trabajadores del Estado, sino también la credibilidad y sostenibilidad de un proyecto que busca transformar a México en un país más justo y equitativo. Es tiempo de cerrar definitivamente el capítulo de abusos y privilegios que marcó a los gobiernos anteriores y construir un futuro donde el bienestar de todos sea la prioridad.