Pacto con las comunidades, ¿o compromiso vacío?
La secretaria Alicia Bárcena Ibarra ha reiterado en X que “escuchar a las comunidades es prioridad”, anunciando su visita a la Bahía de Ohuira —compromiso expresado en mayo y que, según la propia secretaria, se estaría cumpliendo casi dos meses después. Sin embargo, la historia reciente —marcada por tres incumplimientos de María Luisa Albores y uno de Adán Augusto López— obliga al escepticismo. ¿Será ésta la ocasión en que finalmente se dé voz a quienes llevan más de una década luchando contra la planta de amoniaco y otros proyectos contaminantes sin respuestas efectivas de ninguna autoridad?
Si bien el diálogo es innegociable, persiste el riesgo de que la visita se encuentre con una realidad previamente impuesta: una región convertida en un corredor industrial tóxico, con empresas extranjeras instalándose sin freno en Topolobampo y alrededores bajo una lógica de desarrollo alineada con intereses ultraliberales. Esta tendencia, que se aceleró durante la administración Sheinbaum, representa un grave retroceso en la protección ambiental y los derechos colectivos.
Es urgente que el gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y los gobiernos estatal y municipal —que actúan en complicidad con grupos criminales y favorecen a promotores del amoniaco mediante arreglos publicitarios con medios afines— detengan esta mercantilización del territorio. La Bahía de Ohuira no puede seguir siendo sacrificada en aras de inversión extranjera ni de un falso progreso que ignora la voz de los pueblos originarios.
La resistencia local —movimiento Aquí No y comunidades ya afectadas— ha demostrado una fuerza férrea: no sólo han protestado, sino también logrado visibilidad nacional e internacional. Cifras alemanas alertan al banco suizo-alemán KfW, financiador del proyecto, sobre los riesgos que representa para la biodiversidad y los derechos indígenas —más de 1 500 firmas globales que exigen frenar el financiamiento son solo una muestra del rechazo externo. Éste es el tipo de presión que su administración (Morena) no puede subestimar.
Por otra parte, la conferencia “Mujeres indígenas, cuidados y medio ambiente” celebrada recientemente en la Ciudad de México, contó con la presencia de lideresas como Melina Sandoval y Claudia Quintero, junto con especialistas y observadoras de la ONU—incluidas la relatora Astrid Puentes Riaño y la representante Maia Campbell. Aquí, las voces indígenas resonaron claramente: no buscan discursos vacíos, sino decisiones vinculantes que reconozcan su derecho a vivir en un entorno sano y sostenible.
Hoy, la atención mediática se concentra en las posibles decisiones de Trump sobre aranceles a México. Sin embargo, para las comunidades ohuirenses, esas políticas externas importan menos que el impacto inmediato de un modelo productivo extractivo que ya puso en jaque su territorio. Mientras la presidenta Sheinbaum se reúne con el embajador Ronald Johnson y congresistas estadounidenses, en la Bahía de Ohuira el reloj sigue corriendo sin consultar a sus pueblos.
Es momento de preguntarse: ¿será este el punto de inflexión? Si la visita de la secretaria Bárcena culmina en un diálogo genuino con las comunidades y detiene de manera efectiva el avance de la planta de amoniaco, podrá reivindicar el compromiso anunciado. Pero si resulta ser solo un show mediático más —similar a las promesas incumplidas de Albores y López Hernández—, el costo político y social será profundo: Morena, que se ha proclamado defensor del pueblo y del medio ambiente, repetirá el patrón de los gobiernos tradicionales que criticamos.
Mientras las comunidades esperan, y el país observa, es preciso que no haya más dilación, jugadas dilatorias ni falta de voluntad política. Escuchar es apenas el primer paso. Lo verdaderamente transformador es actuar.