Organizaciones exigen alto a la violencia armada y justicia para comunidades migrantes
Ciudad de México.— En una poderosa muestra de unidad transfronteriza, organizaciones civiles y redes de México y Estados Unidos, reunidas bajo la convocatoria del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, alzaron la voz este domingo desde la explanada del Monumento a la Revolución para exigir el cese de la violencia contra comunidades migrantes, la regulación de la venta de armas y justicia para las víctimas de la violencia armada que ha cobrado vidas en ambos lados de la frontera.
Durante la conferencia, que se realizó de manera simultánea en diversos estados de ambos países, se denunció enérgicamente el uso de recursos públicos por parte del gobierno de Estados Unidos para atacar, detener y encarcelar ilegalmente a migrantes trabajadores, estudiantes, académicos y organizaciones sociales. Las y los participantes expresaron su rechazo a las políticas represivas contra quienes alzan la voz en contra de la violencia interna, el genocidio en Gaza y los conflictos bélicos sin sentido, como el que se cierne sobre Irán.
Una delegación de sobrevivientes de la violencia armada en Estados Unidos expresó su solidaridad con el pueblo de México, duramente golpeado por el tráfico ilegal de armas fabricadas en suelo estadounidense. Asimismo, reconocieron las acciones emprendidas por el Gobierno de México para enfrentar a las industrias armamentistas, señalando que en tiempos de retroceso político como los que representa un posible retorno de Donald Trump al poder, las alianzas entre pueblos se vuelven más necesarias que nunca.
John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto “Stop US Arms to Mexico”, subrayó la magnitud del problema al revelar que existen más de 400 millones de armas en manos civiles en Estados Unidos. En la zona fronteriza con México operan más de 7 mil armerías donde se pueden adquirir con facilidad armas de alto poder como el cuerno de chivo, rifles AR15 y calibres 50, mismos que terminan en muchas ocasiones alimentando la violencia del crimen organizado en territorio mexicano.
Durante el acto, Kimberly Mata-Rubio, madre de Lexi, una de las niñas asesinadas en la masacre de Uvalde, Texas, en 2022, compartió su dolorosa historia. Recordó que su hija fue asesinada por un joven de apenas 18 años armado con un rifle AR15. “Estoy aquí para compartir esa historia y el sufrimiento que las familias y las madres han tenido que aguantar”, dijo entre lágrimas, reafirmando su lucha para evitar que más vidas sean arrebatadas por la violencia armada.
El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia propuso la creación de un mecanismo binacional que transparente y regule la venta y tráfico de armas, así como la implementación de una política de desmilitarización responsable. También urgieron a establecer un diálogo regional sobre políticas de drogas, un organismo binacional de monitoreo de derechos humanos con participación de la sociedad civil, y una mesa de trabajo para avanzar hacia una ciudadanía latinoamericana y caribeña, junto a una reforma migratoria y laboral en Estados Unidos.
Con estas acciones, las organizaciones participantes reiteran su respaldo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno de México para combatir el tráfico de armas y proteger a las comunidades más vulnerables, en la convicción de que la paz y la justicia son objetivos comunes que deben ser construidos en conjunto a través de la cooperación regional.