Opacidad empresarial en Guanajuato: Sin esclarecerse uso de 38 mil millones en impuestos

León, Gto.– A pesar de las obligaciones legales de transparencia y rendición de cuentas, el Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg), dominado por cúpulas empresariales en Guanajuato, mantiene en la opacidad el destino de casi 38 mil millones de pesos recaudados entre 2019 y 2024, durante la administración del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Este organismo, creado en 2006 por el también panista Juan Carlos Romero Hicks como órgano auxiliar del Poder Ejecutivo estatal, se transformó con las reformas impulsadas por Rodríguez Vallejo en una instancia con poder real para decidir el destino de recursos públicos, sin supervisión efectiva ni información pública actualizada.

Según cifras oficiales de los presupuestos de ingresos estatales, durante ese periodo se proyectó recaudar más de 33 mil millones por el impuesto a la nómina –un cobro que recae sobre los empleadores por concepto de salarios– y otros 4 mil 822 millones por el impuesto cedular, que grava los ingresos de personas físicas por actividades profesionales, empresariales o de arrendamiento.

Pese a que el decreto que dio vida al Cosainceg establece de forma clara que debe informar a la ciudadanía sobre el uso de estos recursos, las últimas cinco actas de sesiones del consejo se encuentran clasificadas como reservadas. Esto impide conocer los acuerdos tomados por los representantes empresariales de municipios como León, Irapuato, Celaya, Salamanca, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

La actual administración estatal, encabezada por la también panista Libia García Muñoz Ledo, avaló esta opacidad. Ante una solicitud de información, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, presidido por Aura Fabiola Romero, justificó la reserva de los documentos con el argumento de que su difusión representa un “riesgo grave y tangible” para el desarrollo del estado.

La reforma de 2018 al Cosainceg, promovida por Rodríguez Vallejo tras asumir la gubernatura, cambió radicalmente su carácter. De ser un ente consultivo, pasó a ser un órgano con capacidad de incidir directamente en la planeación, presupuestación y aplicación del dinero recaudado por concepto de impuestos estatales. Con ello, se empoderó a los empresarios para decidir de forma directa a qué compañías beneficiar y en qué proyectos invertir, a través de mecanismos como el Fideicomiso de administración e inversión (Fidesseg), alimentado por una parte del impuesto a la nómina.

Durante los seis años de ese modelo, los mismos grupos empresariales que participaban en el Cosainceg manejaron más de mil 700 millones de pesos del Fidesseg, destinados a infraestructura, desarrollo social y seguridad. Algunas agrupaciones como Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos sólo por actuar como intermediarios en la asignación de recursos.

Ante esta situación, la gobernadora Libia García intentó desmantelar el fideicomiso, pero enfrentó una férrea resistencia del empresariado, que promovió amparos judiciales. Tras meses de litigio, se alcanzó un acuerdo extrajudicial para frenar los procesos.

La Auditoría Superior del Estado ya detectó irregularidades por casi 250 millones de pesos en el manejo de estos recursos, y recomendó el reintegro de más de 170 millones, lo que refuerza las alertas sobre la urgencia de una revisión integral al modelo guanajuatense de participación empresarial en el gasto público.

Mientras tanto, la falta de transparencia continúa, y la ciudadanía sigue sin saber en qué se invirtieron miles de millones provenientes de sus impuestos, lo que contrasta con el compromiso del Gobierno de México con la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del recurso público.