ONU-DH y Debate Nacional por la Prisión Preventiva Oficiosa en México
Ciudad de México. — La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha expresado su apoyo a los esfuerzos para eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO), sumándose al debate que sigue la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Esta sentencia insta a México a modificar la aplicación automática de la PPO, argumentando que es incompatible con varias garantías fundamentales.
La ONU-DH subrayó que esta medida atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, y la persecución eficaz de los delitos. Además, destacó que viola el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, y los principios de fundamentación y motivación de las medidas privativas de la libertad, entre otros aspectos.
En medio de este contexto, la Secretaría de Gobernación ha criticado la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusándola de excederse en sus funciones al buscar anular la PPO por cuenta propia. La preocupación del gobierno radica en que esta acción podría resultar en la liberación de aproximadamente 68 mil personas actualmente encarceladas por delitos graves como homicidio, secuestro, violación y narcotráfico.
Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han argumentado que eliminar la PPO no necesariamente conduce a una liberación masiva, sino que requeriría una revisión caso por caso para determinar si existen suficientes elementos para mantener a los individuos en prisión.
Este debate subraya la tensión entre la necesidad de proteger la seguridad pública y el respeto por los derechos humanos fundamentales. A medida que la discusión avanza, será crucial encontrar un equilibrio que responda tanto a las preocupaciones de justicia como a las de seguridad, dentro del marco del derecho internacional y los compromisos de México con los derechos humanos.