Nuevo Laredo enfrenta crisis del transporte: revocarán concesiones a unidades en mal estado

Nuevo Laredo, Tamps.– La crisis del transporte público en esta ciudad fronteriza ha escalado a niveles alarmantes, dejando atrás la categoría de simple molestia para convertirse en un problema estructural que compromete la seguridad diaria de miles de usuarios. Más de la mitad de las unidades en operación presentan severas deficiencias mecánicas: frenos defectuosos, cristales rotos, llantas en mal estado y fallas constantes que hacen del traslado urbano una experiencia peligrosa y precaria.

Ante esta realidad insostenible, el gobierno estatal ha decidido tomar cartas en el asunto. Gilberto Martínez Arcega, delegado del transporte público en Nuevo Laredo, anunció que 90 concesiones están en proceso de revocación, marcando un viraje en la política de supervisión del servicio. “Ya no hay espacio para la tolerancia. Si no operan conforme a la ley, la concesión será retirada”, advirtió con firmeza.

El problema, explicó Martínez Arcega, tiene una raíz económica profunda. Durante años, las tarifas del transporte no han sido ajustadas, lo que ha imposibilitado a los concesionarios renovar su parque vehicular. “Comprar una unidad nueva es prácticamente imposible sin apoyo financiero. La mayoría apenas sobrevive, y eso repercute directamente en el servicio que se le ofrece a la ciudadanía”, detalló.

Sin embargo, el funcionario también señaló que no se trata únicamente de falta de recursos. En muchos casos, lo que hay es abandono deliberado. Algunas unidades llevan años sin cumplir con la revisión mecánica obligatoria, mientras que otras han dejado de cubrir rutas completas, afectando a cientos de personas que dependen del transporte público para ir a sus trabajos, escuelas o realizar actividades cotidianas.

“El transporte público no puede ser visto como un negocio heredado o un simple papel guardado en un cajón. Las concesiones deben ser productivas y operativas. No se puede seguir premiando la irresponsabilidad”, puntualizó el delegado estatal.

El proceso de revocación incluye a quienes no han operado por más de 30 días, han abandonado rutas enteras o acumulan deudas fiscales significativas. Las autoridades se han comprometido a sanear el sistema, eliminando concesiones improductivas y abriendo paso a nuevos operadores que demuestren compromiso y capacidad para brindar un servicio seguro y eficiente.

Paralelamente, el gobierno estatal impulsará una estrategia para modernizar la red de transporte. Esto incluirá la evaluación de nuevas tarifas, esquemas de financiamiento para la renovación vehicular y la reestructuración de rutas, con el objetivo de garantizar la cobertura urbana y reducir los riesgos actuales para los usuarios.

“Vamos a limpiar este rezago. Nuevo Laredo merece una red de transporte público digna, moderna y segura. No se trata de castigar, sino de corregir y de poner en el centro a la ciudadanía”, concluyó Martínez Arcega.

Con esta medida, el gobierno de Tamaulipas demuestra su determinación por rescatar un sistema que, por años, funcionó en el abandono y la impunidad, y que hoy exige una transformación profunda en beneficio de la población.