Nueva ley de la Guardia Nacional garantizará respeto a derechos humanos y combate eficaz al delito
Ciudad de México. En el marco del compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de la seguridad pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha propuesto una nueva Ley de la Guardia Nacional que establece controles judiciales rigurosos para el ejercicio de sus atribuciones y el uso de herramientas de inteligencia.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, busca dotar a la Guardia Nacional de un marco normativo moderno y acorde con los más altos estándares internacionales en materia de derechos fundamentales, garantizando que todas sus actuaciones se realicen bajo estrictos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y pleno respeto a las garantías individuales.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la regulación detallada de la intervención de comunicaciones privadas, la cual solo podrá llevarse a cabo previa autorización judicial y exclusivamente cuando existan indicios claros de que se está organizando la comisión de un delito. Las escuchas deberán realizarse en los términos establecidos por el juez, asegurando así un equilibrio entre la eficacia operativa y la protección de la privacidad ciudadana.
La intervención preventiva de comunicaciones estará acotada a delitos de alto impacto, tales como los relacionados con la delincuencia organizada, tráfico de armas e indocumentados, desaparición forzada cometida por particulares, homicidios vinculados a grupos criminales, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual contra menores, asalto en carreteras y delitos contra la salud, entre otros.
Asimismo, la iniciativa establece que los integrantes de la Guardia Nacional podrán recabar información en espacios públicos para prevenir la comisión de delitos, utilizando herramientas tecnológicas para la generación de inteligencia preventiva. No obstante, se subraya que en todo momento se respetarán la vida privada y los derechos humanos, y que cualquier dato obtenido que vulnere estas garantías será considerado nulo como elemento probatorio.
La propuesta también contempla que la Guardia Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, podrá solicitar información a concesionarios y operadores de telecomunicaciones, incluyendo la georreferencia en tiempo real de equipos de comunicación móvil, con el fin de prevenir la comisión de delitos y proteger a la población.
Con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional, la iniciativa plantea que la Guardia Nacional pueda asumir funciones de seguridad pública en colaboración con entidades y municipios, a través de convenios formales. Las autoridades locales deberán presentar informes periódicos sobre el avance en sus programas de fortalecimiento institucional en materia de seguridad.
Con esta propuesta de ley, el Gobierno de México reafirma su voluntad de avanzar hacia un modelo de seguridad pública más eficiente, transparente y respetuoso de los derechos humanos, que refuerce la capacidad del Estado para preservar la paz, proteger a la población y combatir con eficacia a la delincuencia.
La nueva Ley de la Guardia Nacional constituye un paso importante en el fortalecimiento del marco legal que rige el actuar de esta institución, consolidándola como un pilar fundamental en la estrategia nacional de seguridad, bajo la conducción democrática y el compromiso ético que caracteriza al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.