Nueva ley de inteligencia fortalecerá combate a la delincuencia y reducirá impunidad

Ciudad de México.— Con la firme convicción de que la seguridad pública requiere de instituciones más sólidas y de herramientas modernas para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, una propuesta que busca dotar al Estado mexicano de una estructura más eficaz para la prevención, investigación y judicialización de delitos de alto impacto.

Durante la presentación oficial ante el Congreso, la mandataria federal subrayó que esta ley tiene como objetivo principal reducir la impunidad mediante una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), encargada constitucionalmente de la persecución del delito. “Estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación para la seguridad pública”, sostuvo Sheinbaum, al destacar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asumirá funciones clave de coordinación para mejorar la recolección de datos e indicios que sean válidos ante los jueces.

Sheinbaum enfatizó que esta nueva legislación permitirá actuar de forma más inmediata y eficaz frente a delitos como la desaparición de personas, al facilitar la colaboración entre los tres niveles de gobierno y establecer mecanismos de alerta y seguimiento desde el momento en que se reporta un caso. “El Estado debe estar preparado no solo para detener a los presuntos delincuentes, sino también para presentar las pruebas suficientes y que sea el juez quien determine su culpabilidad”, afirmó.

En el mismo acto, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó las reformas complementarias a la ley general que rige dicho sistema, que no había sido actualizada desde 2009. Según Figueroa, la propuesta fortalece la integración, organización y funcionamiento del sistema nacional mediante una distribución clara de competencias entre autoridades federales, estatales y municipales, lo que permitirá una actuación concurrente y más eficaz.

La funcionaria detalló que con esta iniciativa se da sustento jurídico al gabinete de seguridad pública del Gobierno Federal, haciéndolo obligatorio y replicable en todas las entidades a través de las mesas de paz, que han demostrado su efectividad en la coordinación interinstitucional y en la toma de decisiones territoriales.

Además, se definieron objetivos mínimos para el desarrollo profesional de policías, fiscales y sistemas penitenciarios. La creación de una política nacional de certificación evaluará no solo a los elementos de seguridad, sino también a las propias instituciones, elevando los estándares de calidad, confianza y profesionalismo en el sector.

Una de las propuestas más ambiciosas es la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que será la institución formadora de los mejores perfiles en materia de inteligencia e investigación, asegurando que México cuente con profesionales altamente capacitados y comprometidos con la paz y la justicia.

Con estas reformas, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir un país más seguro, justo y en paz, poniendo la inteligencia y la coordinación institucional al servicio de la ciudadanía.